“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

“derecho” de las comunidades a determinar su propio destino. “Comunidad” también goza
de una definición legal (ver abajo).
La autodeterminación se vuelve tan vital como cualquier otra necesidad que fundamenta
otro derecho humano, incluyendo los otros principios absolutos de la fuerza de ley, la nodiscriminación,
la igualdad de género y la cooperación internacional, consistentes con todos
los derechos humanos. En su dimensión colectiva, todos estos se vuelven “necesidades”
comunitarias y, en consecuencia, “derechos” en tanto su ausencia lleva a la erosión y la
violación de un conjunto de derechos individuales y separados y puede llevar a la privación
o caída de una comunidad como tal.
Debe observarse que los Estados y otros han reconocido el problema verdadero del
“etnocidio” y “etnocidio cultural” que resultan de políticas de asimilación al punto de obligar
la re-escritura del Convenio No. 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones Indígenas y de otras Poblaciones
Tribales y Semitribales en los Países Independientes (1956), y finalmente a adoptar el
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales No. 169 (1989). Relevante a la práctica de la
autodeterminación es la cuestión de la tenencia de la tierra, la cual el Convenio No. 169
aborda en sus Artículos 13-19, mientras rechaza que el término “pueblo” en el Convenio no
conlleva implicaciones como término de derecho internacional (o sea, otorgando el derecho
a la autodeterminación).
Sin embargo, es la consecuencia humana de la privación, más que el estatus jurídico de
“pueblo”, lo que hace la autodeterminación vital para cualesquier víctimas putativas. Por lo
tanto, la autodeterminación colectiva se vuelve un derecho de las comunidades por
necesario, aún cuando no (o todavía no) gozan de reconocimiento internacional como
“pueblo” o “nación”. Para evitar las consecuencias bárbaras de defunción y privación, y para
asegurar la supervivencia de las comunidades como un “derecho”, la autodeterminación
local es vital, a pesar de lo que digan de manera individual o conjunta los gobiernos
predilectos a la asimilación. En los derechos humanos, el ser humano es el primer y último
sujeto de respeto, protección, promoción y cumplimiento.
Habiendo dicho esto, y reconociendo que la autodeterminación puede ser tanto interno
como externo, el término de “unidad interna de autodeterminación” utilizado en derecho
internacional público se aplica en el caso de grupo o comunidad, y está sujeto a una
interpretación caso por caso. Esto podría referirse al lugar legítimo de una minoría o un
pueblo indígena. Podría en algún caso también referirse a una comunidad urbana
marginada, sobre todo si su supervivencia y/o bienestar se ve amenazado y por lo tanto su
autodeterminación se vuelve una necesidad/ derecho e indispensable para la realización de
otros derechos (derechos a la vida, vivienda adecuada, cultura, salud, etc.).
En cualquier caso, el que reclama el derecho a la autodeterminación, sea del tipo externo o
interno, debe cumplir con el desafío y la prueba legal de que su reclamo a cualquier nivel no
implique conflicto con—o cuando menos lograr un equilibrio con—los derechos de los
demás. Eso puede significar garantizar que sus reclamos a la autodeterminación no
invaliden valores ecológicos generales, derechos ajenos a la autodeterminación, los
derechos de las mujeres a la igualdad de género, la seguridad física de las personas, la paz
y la seguridad regional, etc.
¿Cuáles son los criterios para los demandantes auténticos a la autodeterminación local en
los términos de derecho internacional como está desarrollado? Los criterios presentados por