“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

Una distinción importante surge en la Convención y la historia de su negociación: mientras
es la obligación de los Estados Partes y sus gobiernos de combatir al “racismo” y la
“discriminación racial”, el primero es un estado mental que debe ser erradicado a través de
medidas como la educación y otros esfuerzos para promover una transformación cultural y
social hacia la anti-discriminación. El segundo, la “discriminación racial”, es la activación del
prejuicio, la cual en su manifestación es una violación material del derecho ajeno. Cualquier
acción u omisión oficial en practicar o permitir la discriminación racial es una violación de
una obligación inmediata del Estado, no sujeta al “logro progresivo”.
Esta distinción entre (1) racismo teórico y (2) discriminación racial en la práctica tiene raíces
históricas. También se encuentra en sistemas morales, como se refleja en El Corán, que
reconoce la existencia del prejuicio, pero sin embargo implora en contra de ponerlo en
práctica:
“Usted que cree, que es vertical para Dios, los portadores de testigo con la justicia; y
permitió no que odio de una personas le incita a no actuar equitativamente. Sea justo,
eso es lo más cercano a la observancia del deber [la cosa más cercana a la piedad]. 135
Esta distinción moral resultó relevante casi un milenio después, durante la Revolución
francesa. En ese entonces, la proclamación revolucionaria y moral a favor de los Derechos
Humanos del Hombre y Ciudadano fue “liberté, égalité, fraternité. Mientras las tres
cualidades fueron vistas como deseables y necesarias para la construcción de una sociedad
nueva y democrática, sólo libertad e igualdad podrían ser legisladas. La fraternidad podría
ser desarrollada y promovida por el Estado y la sociedad civil más que aplicada. No
obstante, se puede emprender un rango de medidas prácticas hacía la no-discriminación en
la práctica actual.
Inherente al principio de la no discriminación es el entendimiento de que los programas que
atorgan ventajas formales a personas y grupos sujetos históricamente a la discriminación no
constituyen discriminación ilegal. Al contrario, el derecho internacional público llama a los
Estados a proveer asistencia adicional a las personas y los grupos sujetos en el pasado y/o
el presente a la discriminación, como en programas de discriminación correctiva/ positiva o
de acción afirmativa que sirven para enmendar patrones anteriores de privación. 136
Aplicado al acceso a los bienes y servicios públicos
Aplicado a los bienes y servicios públicos, el principio de no discriminación evita que los
individuos y grupos queden sin oportunidades de acceso a los bienes y servicios públicos, y
garantiza cumplimiento legal, protección y acciones de reparación. Asimismo, garantiza que
no se niegue este derecho a los bienes y servicios públicos debido a la pertenencia a un
grupo étnico, color, credo, género, sexo, la orientación sexual, opiniones políticas, condición
social o económica, idioma, discapacidades, propiedad, forma de trabajo legítimo,
ascendencia o cualquier otro origen o criterio arbitrario. Para los pueblos indígenas y tribus y
otros pueblos basados en un territorio, el Estado tienen la obligación de reconocer en la
legislación y en cuestiones administrativas los sistemas particulares de manejo de bienes y
servicios públicos. Asimismo, ningún Estado posee la autoridad legal para discriminar de
jure o de facto, de manera que termine por privar o negar bienes o servicios públicos a
personas pertenecientes a algún grupo, particularmente cuando resulte injustamente
135 Traducción no oficial. Capítulo 5: The Food [al-Ma’da], Sección 2: “Duty of Uprightness,” verso 8. Maulana Muhammad
Ali, transl. The Holy Qur’an (Lahore: Ahmadiyya Anjuman Isha`at Islam, 1963), p. 243.
136 Véase Marjorie Cohn, “Affirmative Action and the Equality Principle in Human Rights Treaties: United States' Violation
of Its International Obligations,” Virginia Journal of International Law, Vol. 43 (2002), 249–74.