“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

los patógenos que significan un costo social manifestado en el desmejoramiento de la salud
pública.
Orden cívico
Claramente vinculado a los derechos a la vivienda y a otros derechos económicos y
sociales, normalmente el orden cívico se deteriora en forma directamente proporcional a la
pérdida de las condiciones de vida. La resistencia a los desalojos y a las reubicaciones
forzosas, a las demoliciones y al desposeimiento, no es más que la reacción natural ante
una crisis del orden cívico, incluyendo la caracterizada por el incumplimiento del Estado de
su obligación de implementar el respeto, la defensa, la promoción y el perfeccionamiento del
derecho a una vivienda y tierra adecuadas.
Legitimidad política
Dependiendo de las circunstancias y del alcance de una situación determinada, la violación
de los derechos a la vivienda y a la tierra podría minar la legitimidad del partido político, el
gobierno o aun del Estado en cuyo nombre se comete la violación. En cambio, resolver y
remediar una violación puede tener el efecto opuesto de recuperar la pérdida de la
credibilidad y legitimidad oficiales.
Matriz de Pérdidas
Formulario de Inventario de la Casa
12.8. Responsables directos y subsidarios
El monitor profesional de DHVA deberá facilitar una lista lo más completa posible de las
autoridades legales y moralmente responsables. Estas autoridades legales (esto es, el
Estado y sus representantes) pueden obrar conjuntamente con otros agentes tanto para la
violación como para la búsqueda de una solución potencial. La audiencia de sus futuras
acciones, ya sean el público general, periodistas, o un fiscal o juez, necesitará una lista
clara y completa de las personalidades legales, de quiénes son los responsables de los
actos cometidos y/ u omitidos, y de quién hace qué a quién, desde el principio hasta el
presente.
Como se confirma en los precedentes apartados en materia de leyes y garantías, el Estado
implicado siempre es la principal autoridad responsable. El Estado es la personalidad legal
que, según lo dispuesto en los tratados, está obligada a respetar, proteger, promover y
cumplir los derechos humanos, pero también a ayudar a los que han sido privados de ellos.
El deber del Estado es triple:
• Evitar las carencias.
• Proteger y defender a los que sufren carencias.
• Ofrecer remedio en forma de asistencia y justicia a los necesitados.
Puede que le parezca que el Estado, como autoridad responsable, ha cometido actos que
provocan carencias, o ha evitado proteger o remediar las carencias poniendo los obstáculos
mencionados más arriba. Uno puede pensar que la autoridad está limitada por otros actores
o factores, como las catástrofes naturales, o la recesión económica global.