“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

asistencia en varias formas pueden considerarse víctimas secundarias en virtud de la
pérdida—voluntaria o no—que padecen como resultado de ofrecer su ayuda a las personas
directamente afectadas por el desalojo, la confiscación o la demolición.
Gastos burocráticos y honorarios legales
Al verse amenazada de desalojo, demolición, confiscación, la posible víctima probablemente
invierta en tiempo y dinero para impedir o defenderse contra el probable desalojo,
demolición o confiscación (si la amenaza se conoce de antemano). La inversión de tiempo y
los costos monetarios resultantes tanto de los procesos burocráticos como del
asesoramiento legal y trabajo de defensa, deberán cuantificarse. Aun en el caso de que el
asesoramiento legal esté libre de cargo para la/s personas afectadas, quienes prestan tal
asesoramiento (ONGs, Organizaciones Comunitarias u otros servicios gratuitos) deben
avaluar ese servicio a los fines de este ejercicio de costos. (Los costos de los esfuerzos
burocráticos de los funcionarios públicos se determinan a continuación bajo “Otros Costos
No Materiales”.)
Antes de que la/s víctimas puedan volver a tener una vivienda adecuada,
convencionalmente deben llevar a cabo un trámite, que implica costos, a fin de obtener un
permiso para volver a construir o recuperar de otra forma su vivienda. Los costos implicados
en este proceso, incluyendo honorarios, servicios legales, sobornos y otros gastos
monetarios deben incluirse como categoría con derecho propio.
Vivienda alternativa/sustituta
El costo que supone asegurarse una vivienda similar, en forma permanente, se representa
aquí. (Los costos de alojamiento temporal se analizan con anterioridad bajo “Vivienda
Provisional”.) Se entiende que una vivienda similar tiene aproximadamente las mismas
dimensiones espaciales, infraestructura, ubicación apropiada y servicios que el hogar
perdido como consecuencia de la violación del derecho de la vivienda. Esto puede implicar
el cálculo de reemplazar las características de la vivienda original, con algunas
correcciones, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, se puede encontrar una
vivienda similar cerca de la fuente de sustento, pero ésta puede estar dentro una gama de
precios distinta, y, por lo tanto la cifra corregida debe reflejarlo. Tal vivienda puede ser
similar en la mayoría de los aspectos, pero es posible que los servicios o la infraestructura
sean insuficientes. En tal caso deberá sumarse el costo que supone la obtención de tales
servicios o infraestructura a las tarifas locales. De la misma forma, si la vivienda sustituta es
similar a la vivienda original perdida, pero su ubicación apropiada es menos conveniente en
lo referente al traslado hacia el lugar de trabajo o al lugar donde viven los familiares o los
miembros de la comunidad original, tal costo adicional de transporte estaría incluido en la
sección “Transporte” que obra más abajo.
Dado que el carácter de esta categoría de costos es, en mayor o menor medida,
permanente, debe indicarse en la columna de costos de la matriz bajo el título “A Largo
Plazo”. Típicamente, la obtención de una vivienda sustituta permanente es un proceso
prolongado; por consiguiente, el cálculo de estos costos sería objeto de monitoreo de los
casos de violación del derecho a la vivienda, además de proporcionar otro argumento para
el mismo.
Reasentamiento