“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

el logro progresivo de los DESC. Para nuestros propósitos, esto se extiende en especial al
derecho humano a la vivienda adecuada y la tierra.
Como país donante, un Estado debe asegurar que los proyectos y programas que apoya no
infrinjan los derechos contenidos en el derecho a la vivienda adecuada para los habitantes
en países benefactores. Esto incluye evitar cualquier acción que lleva a desalojos forzados,
o la confiscación o demolición de vivienda. En el caso de asistencia de desarrollo que
implica la reubicación apropiada de poblaciones, todo aspecto del proyecto debe ser sujeto
a consulta con las personas afectadas, y los esfuerzos deben mejorar la seguridad legal de
tenencia como un resultado dentro del marco de los derechos humanos consagrados.
Como país receptor, los ajustes estructurales, la desregulación de la inversión extranjera,
las privatizaciones, y otras medidas comunes en los acuerdos y programas actuales de
asistencia bilateral y multilateral, deben ser compatibles con las obligaciones de derechos
humanos del Estado afectado. Cualquier medida que niega o reduce la seguridad de
tenencia sería ilegal e inaceptable como condición de la asistencia. Los Estados Partes de
los instrumentos de derechos humanos tienen una oportunidad y responsabilidad de autopreservación
para enaltecer sus obligaciones pactadas por tratados anteriores como una
forma de resistencia (moral, legal y práctica) a las presiones o condiciones de negociación
que podrían derogar los términos de seguridad legal de tenencia para sus habitantes.
Ya que toda realización de derechos humanos es al final un asunto local, los instrumentos
regionales pueden ser una fuente de mayor especificidad en la determinación de
obligaciones estatales y medidas prácticas necesarias para enaltecer los DESC. Por
ejemplo, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) ofrece un
acuerdo amplio sobre el término de cooperación internacional en su Artículo 21, lo cual
establece que:
1. Todos los pueblos dispondrán libremente de sus riquezas y recursos naturales.
Este derecho será ejercido en el exclusivo interés del pueblo. En ningún caso
será pueblo alguno privado de él. 2. En caso de expropiación, el pueblo
desposeído tendrá derecho a la recuperación legal de su propiedad así como a
una compensación adecuada. 3. El derecho a disponer libremente de las
riquezas y recursos naturales será ejercido sin perjuicio de la obligación de
promover la cooperación económica internacional basada en el respeto mutuo, el
intercambio equitatvo y los principios del derecho internacional. 4. Los Estados
firmantes de la presente Carta ejercerán, individual y colectivamente, el derecho
a disponer de sus riquezas y recursos naturales con vistas a reforzar la unidad y
la solidaridad africanas. 5. Los Estados firmantes de la presente Carta se
comprometerán a eliminar toda forma de explotación económica extranjera,
especialmente la practicada por los monopolios internacionales, con el fin de
posibilitar que sus pueblos se beneficien plenamente de las ventajas derivadas
de sus recursos naturales. [Énfasis añadido.]
Los Estados Partes tienen la obligación de revisar los acuerdos multilaterales sobre
inversión, temas relacionados con propiedad intelectual, relevante al comercio internacional,
estrategias de reducción de pobreza, relaciones bilaterales y multilaterales en el contexto de
la Organización Mundial de del Comercio, términos de asistencia y préstamos del Banco
Mundial, y programas del Fondo Monetario Internacional operando en o, afectando de
cualquier manera al Estado, para asegurar coherencia con las obligaciones pactadas y
evitar la regresión o violaciones de los DESC de sus ciudadanos. El Estado Parte tiene la
obligación de aplicar el Pacto a priori para asegurar que cualquier condición sea sujeta a las
protecciones de los DESC para sus propios habitantes, y para los de cualquier otro Estado.