“Juego de Herramientas” - toolkit - Housing and Land Rights Network

El reemplazo de vivienda y propiedad es una forma de justicia restaurativa que se busca en
la fuerza de ley aplicada a las víctimas de violaciones al derecho a la vivienda. Continúan
los esfuerzos para desarrollar estos métodos y otros esfuerzos, incluyendo el desarrollo de
propuestas de lineamientos sobre indemnización para los refugiados. 1279
Aplicado a la seguridad física y la intimidad
De haber controversia sobre los derechos congruentes de seguridad física y intimidad, los
Estados están obligados a garantizar que se aplique la fuerza de la ley en un contexto de
igualdad, inalienabilidad y universalidad de los derechos, particularmente con respecto al
derecho humano de vivienda adecuada. En el caso en que el Estado (esto es, los juzgados
o policía) desempeñe un papel en una controversia sobre tenencia, tiene la responsabilidad
de guiarse según sus obligaciones para con los derechos humanos y evitar la violación del
derecho a la vivienda, incluidos los derechos congruentes a la seguridad física y intimidad u
otras forma de violencia o comportamiento punitivo inconsistente con los principios de (1)
presunción de inocencia hasta tanto se pruebe lo contrario y, en caso del uso de la fuerza,
(2) su necesidad y (3) proporcionalidad. Asimismo, el Estado tiene la obligación de no
intervenir en las vidas privadas de las personas ni en las relaciones consensuadas entre los
individuos, con excepción de que acontezcan hechos de violencia u otras formas de abuso
de los derechos humanos de las personas directamente afectadas.
El Estado que se guíe por la ley, sus agentes e instancias, no habrán de abstenerse
arbitrariamente del cumplimiento de los derechos a la seguridad física y intimidad, tampoco
ejercerán ninguna forma de discriminación arbitraria en contra de las/los ciudadanos.
Las/los ciudadanos vulnerables que son víctimas de violación de sus derechos congruentes
a la seguridad física o intimidad tienen derecho a recurrir libremente a los recursos legales
disponibles, incluida la compensación a la víctima, ante lo cual el Estado mantiene la
obligación correspondiente
No regresividad / realización progresiva
Descripción general
El Artículo 2 del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales identifica la
obligación del Estado Parte de asegurar el “logro progresivo” de los DESC. Esto se
interpreta comúnmente para significar que el Estado Parte viola esta disposición si tolera o
causa “regresión” en el disfrute del derecho. La jurisprudencia relevante ha establecido que,
aún en situaciones de escasos recursos, el Estado debe hacer esfuerzos de buena fe,
inclusive a través de la cooperación internacional, para avanzar—y no derogar—el disfrute
de los DESC, incluyendo vivienda adecuada y sus elementos constitutivos.
Los Comités encargados de vigilar el cumplimiento de los tratados internacionales aclaran
que ni los procesos políticos, ni la legislación doméstica, ni la escasez de recursos o los
acuerdos con otros actores pueden ser invocados para justificar la no implementación de las
obligaciones consagradas en los tratados de derechos humanos. 1280 La naturaleza
obligatoria de un tratado se aclara más en la Conferencia de Viena sobre la Ley de Tratados
(1969), que especifica en sus Artículos 27 y 46 que la invocación de una ley interna no es
1279 Informe de avances del Relator Especial, Paulo Sérgio Pinheiro, “Housing and property restitution in the context of the
return of refugees and internally displaced persons,” E/CN.4/Sub.2/2004/22, 2 de junio de 2004.
1280 Carta de la Presidenta del CESCR, Mme. Virginia Bonoan-Dandan, a S.E. M. Yaakov Levy, Representante Permanente
de la Misión Permanente de Israel a la Oficina de las Naciones Unidas y Agencias Especializadas en Ginebra, 11 de
mayo de 2001, anexo a la Carta del Presidente del Comité DESC al Presidente de ECOSOC (11 de mayo de 2001).