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la Autoridad sólo está facultada para pronunciarse con base en la normativa técnica existente. Lo anterior
tiene tal trascendencia, atendido el principio de neutralidad tecnológica que informa nuestra legislación,
que el legislador, para evitar la existencia de oposiciones técnicamente infundadas, establece en el mismo
artículo la aplicación de multas para el opositor cuando se rechace su presentación.
La estructura de la red de la concesionaria obedece única y exclusivamente a la voluntad de la
empresa, correspondiendo a la Autoridad sólo exigir el cumplimiento de las formalidades establecidas en
la Ley para que éstas puedan ser ejecutadas y explotadas, de modo que, aún cuando las decisiones en
algunas oportunidades han carecido de fundamentos de eficiencia técnico-económica, la Autoridad no
tiene facultades para rechazarlas o solicitar su modificación. En otras palabras, la autoridad no puede
cuestionar por razón de ineficiencia un elemento de configuración de red que decida implantar la
concesionaria, como sería por ejemplo la ubicación de una central o la ubicación de un centro local de
la concesionaria para designarlo como PTR. Entonces bien, atendido lo anterior resulta absurdo
pretender que ello pudiese obligar a la Autoridad reguladora a aceptar como óptimos los costos
correspondientes a la empresa real y más absurdo aún, pretender que traslade dichos costos al
proceso de fijación tarifaria, prescindiendo de la obligación legal de fijar tarifas en base a una
empresa eficiente, pretendiendo con ello una convalidación tarifaria de sus ineficiencias, para así
traspasarles a los usuarios por este medio el costo de ellas. Lo señalado en esta letra es la única
manera de compatibilizar en esta materia los principios de la autonomía empresarial con el de la
protección de los consumidores que inspiran ambos las potestades públicas que debe ejercer la
autoridad.
En este sentido, no debe olvidarse que los principios legales señalados son recogidos de una manera
particularmente categórica en el Plan Técnico Fundamental de Encaminamiento Telefónico, en su Título
III “DE LA ESTRUCTURA DE LA RED PÚBLICA TELEFÓNICA”, artículo 11° que dispone: “Las
compañías telefónicas, portadores y concesionarias de servicios públicos del mismo tipo, podrán
estructurar sus redes en forma libre de manera de obtener la mayor eficiencia de ellas y proporcionar la
mejor calidad de servicio, cumpliendo con las disposiciones legales, reglamentarias y normativas de
telecomunicaciones. (Lo destacado es nuestro)”
De conformidad con lo antes expresado, no cabe considerar, de manera alguna, lo aseverado por la
concesionaria respecto de la supuesta inclusión para efectos tarifarios de los actos jurídicos
administrativos y disposiciones técnicas que rijan a CTC en el marco normativo aplicable al diseño de
la empresa eficiente, toda vez que ello, sin perjuicio de su obligación de observar tal regulación, se
traduciría en el traspaso de costos y/o eventuales ineficiencias, propias de la empresa real, a la empresa
eficiente contemplada en la ley.
En seguida y sin perjuicio de lo que se dirá sobre esta presentación, ha de constatarse que, de acuerdo a
lo dispuesto en los artículos 30º J de la ley y 12º y siguientes del Reglamento, la concesionaria presentó
su Estudio Tarifario, mediante correo enviado a la casilla electrónica tarifas@subtel.cl, el día 6 de
noviembre de 2003.
Una vez recepcionada la propuesta tarifaria de la concesionaria, y de conformidad a lo señalado en los
artículos 30º J de la ley y 15º del Reglamento, procede que los Ministerios de Transportes y
Telecomunicaciones y de Economía, Fomento y Reconstrucción, a través de la Subsecretaría, dentro de
los 120 días contados desde la fecha de su recepción, se pronuncien sobre ella, mediante el
correspondiente Informe de Objeciones y Contraproposiciones, en adelante e indistintamente IOC, en
el evento de formularse objeciones a dicha propuesta.
Sobre el particular, se debe dejar presente, desde ya, y sin perjuicio de lo que se señalará en el Capítulo
II de este Informe “Aspectos Generales del Estudio”, que, atendido los numerosos errores e
insuficiencias en la información proporcionada por la concesionaria, respecto de su Estudio Tarifario,
los Ministerios, a través de la Subsecretaría, se vieron en la necesidad imperiosa de requerirle, en su
oportunidad, antecedentes adicionales, como asimismo el reemplazo de diversos archivos que
sustentaban sus cálculos tarifarios.
SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES
Informe de Objeciones y Contraproposiciones
Proceso Tarifario de la Concesionaria Compañía de Telecomunicaciones de Chile 2004-2009.