Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

La séptima parte trata lo referente a las penas en los artículos 77 a 80, las define y
alude a su imposición y a la forma de cumplimiento por parte de los Estados
Partes y sus respectivas legislaciones nacionales.
A la apelación y a la revisión está dedicada la parte octava. Se indica aquí la
posibilidad de apelación del fallo absolutorio o condenatorio o de la pena
distinguiendo las personas que pueden hacerlo y las razones que pueden ser
invocadas para el efecto (artículo 81 ER); la forma de apelación de otras
decisiones (artículo 82 ER); el procedimiento de apelación (artículo 83 ER); el
mecanismo de revisión del fallo condenatorio o de la pena (artículo 84 ER); y la
eventual indemnización del detenido o condenado cuando tales hechos hayan
sido el resultado de una actuación ilegal.
La parte novena toca los asuntos relativos a la cooperación internacional y la asistencia
judicial a partir de una obligación general de cooperar que se predica de los
Estados Partes y que se rige por unas disposiciones generales, y por unos
procedimientos aplicables en el derecho interno consagrados en los artículos 87 y
88 del Estatuto. Esta parte aborda fundamentalmente tres materias. La primera
hace alusión a la entrega de personas a la Corte (artículo 89 ER) que supone la
existencia de una solicitud de detención y entrega (artículo 91 ER); y la resolución
de problemas que puede generar la existencia de solicitudes concurrentes de
extradición y entrega (artículo 90 ER). Al respecto, se regula la detención
provisional hasta que se presente la solicitud de entrega (artículo 92 ER). La
segunda se refiere a otras formas de cooperación, como las solicitudes de
asistencia para los fines enumerados y no prohibidos por la legislación del Estado
requerido, cuya forma de operación está prevista en los artículos 93 y 96 a 99 y
cuya posibilidad de aplazamiento de la ejecución se regula en los artículos 94 y
95. Finalmente, esta parte termina con una serie de disposiciones que tienen por
objeto hacer posible material y jurídicamente el procedimiento de solicitud y
entrega de personas a la Corte fijando la manera de responder por los gastos de
dicho procedimiento (artículo 100 ER); así como con la enunciación del principio
de especialidad en la materia, de tal forma que la persona que se pone a
disposición de la Corte no puede ser procesada, castigada o detenida por una
conducta anterior a su entrega, "a menos que esta constituya la base del delito
por el cual haya sido entregada" (artículo 101 ER).
La parte décima se refiere a la ejecución de la pena. Define la función de los Estados
al respecto (artículo 103 ER), la cual se desarrolla luego detalladamente en los
artículos 104 a 109 en los que se prevé la forma de ejecución de las distintas