Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

Humanidad, Comisión de Derecho Internacional, 1996. Por su parte, el
preámbulo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas establece que ésta "constituye una afrenta a la conciencia del
Hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la
persona humana", la cual " viola múltiples derechos esenciales de la persona
humana de carácter inderogable y en su Artículo I, establece la siguiente
obligación para los Estados Partes: "Los Estados Partes en esta Convención se
comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de
personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías
individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices
y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la
tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir,
sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas
de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole
necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente
Convención." Igualmente, existen numerosos pronunciamientos tanto en el
sistema de Naciones Unidas como en el Interamericano, sobre la existencia de
una jurisdicción universal en relación con este crimen. Entre otros casos ver
Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el caso de
José Vicente y otros (CCPR/C60/D/612/1995), Fallo del 19 de agosto de 1997).
Por otra parte, la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos han señalado de manera reiterada la responsabilidad estatal
por desapariciones forzadas en casos contra Argentina, Uruguay, Honduras y
Colombia. Entre otros ver, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso
Isidro Caballero y María del Carmen Santana. Sentencia del 8 de diciembre de
1995. Serie C No. 22. Ver también la Convención sobre la imprescriptibilidad de
los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, de 1968. o las
ejecuciones sumariasDe competencia de la Corte Penal Internacional, artículo 7,
literales a), b), h) y k). No existe todavía un mecanismo similar al de la tortura
para el ejercicio pleno de jurisdicción universal la prohibición del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Interamericana
de Derechos Civiles y Políticos, del artículo 3 común de los Convenios de
Ginebra de 1949 y del Protocolo II, artículo 4. Igualmente, la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado la responsabilidad del
Estado por violación de la Convención. A manera de ejemplo se cita la Opinión
Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, Serie A No.4., párrafo 24.
Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada
con la naturalización, así como en el Caso Velásquez Rodríguez., Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 29 de julio de 1988 y Caso
Loaiza Tamayo, 17 de septiembre de 1997. y mediante el reconocimiento de una
jurisdicción universal para su juzgamiento y sanción, ya sea que hubieren sido