Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

la imprescriptibilidad de las acciones derivadas de la comisión de los hechos
punibles sancionados en el Estatuto y la revisión de las decisiones judiciales
internas, y teniendo en cuenta que con la reforma al artículo 93 de la Carta
Política este tratado se ubicaría al mismo nivel de la Constitución al momento de
ser ratificado, se convino en establecer expresamente la aplicación de las materias
sustanciales del Estatuto de Roma únicamente dentro del ámbito de lo regulado
por el mismo, lo cual significa mantener la imposibilidad de establecer dentro del
ordenamiento jurídico colombiano la prisión perpetua, la imprescriptibilidad de la
acción penal o la relativización de los principios de la cosa juzgada y el non bis
idem a pesar de la ratificación del Estatuto de Roma." (subrayado fuera de texto)
La Corte también subraya que el acto legislativo citado no deroga ni sustituye a la
Constitución sino que se incorpora a ella, bajo la ténica de la adición de un
artículo constitucional, el 93 de la Carta. Esta adición empieza diciendo que "el
Estado colombiano puede" reconocer la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional ya que el propósito final del acto legislativo no fue incorporar
directamente el tratado a la Constitución ni hacer imperativa su ratificaciónEn la
ponencia para primer debate ante la Comisión Primera del Senado, para el quinto
de los 8 debates requeridos para la aprobación del proyecto de acto legislativo, se
resumió lo ocurrido en la primera vuelta de la siguiente manera: "La propuesta
del Representante ponente respecto del parágrafo transitorio, no fue acogida por
la Comisión Primera de la Cámara. Además, se incorporaron modificaciones
importantes en la redacción del inciso primero del artículo 1°, en donde se
reemplaza la frase "El Gobierno Nacional puede ratificar el Estatuto de
Roma…", por la frase "El Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de
la Corte Penal Internacional". Esta modificación, reconoce que dentro del
procedimiento de aprobación y ratificación de un tratado internacional participan
varias instancias del Estado por tratarse de un acto complejo, pues es el Congreso
quien aprueba el tratado mediante ley, la cual pasa a la Corte Constitucional para
su estudio de constitucionalidad y por último le corresponde al Presidente el acto
final de la ratificación que se perfecciona con el denominado intercambio de
notas diplomáticas, paso que en su nueva redacción se incluye de manera expresa
en el inciso primero, cuando se afirma "y, consecuentemente, ratificar ese
tratado…" (Gaceta del Congreso No. 575, 13 de noviembre de 2001, página 3).
A partir de las consideraciones anteriores, corresponde a la Corte Constitucional
precisar el alcance de sus funciones constitucionales en relación con el Estatuto