Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

de noviembre 13 de 2001, 597 de noviembre 22 de 2001, 30 de 4 de febrero de
2002 y 35 de 13 de febrero de 2002. :
"Artículo 1º. Adiciónese el artículo 93 de la Constitución Política con el siguiente
texto:
"El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de
julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y,
consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento
establecido en esta Constitución.
La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del
Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución
tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él".
Artículo 2º. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación."
Esta reforma constitucional –que entró en vigor el 27 de diciembre de 2001–
contiene cuatro decisiones fundamentales del constituyente derivado. Las dos
primeras son de orden competencial. La primera consiste en una autorización al
"Estado colombiano" para "reconocer la jurisdicción de la Corte Penal
Internacional" y para hacerlo exactamente en los "términos previstos en el
Estatuto de Roma". La segunda es una facultad al Estado para "ratificar este
tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución".
Las otras dos son de naturaleza material. La primera permite "la admisión de un
tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma
con respecto a las garantías contenidas en la Constitución". La segunda limita los
alcances de dicho tratamiento diferente, al señalar que éste "tendrá efectos
exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada" en el Estatuto de
Roma.
Además, la ubicación del contenido del Acto Legislativo en el artículo 93 significa
que las decisiones mencionadas, en especial las sustantivas, tienen carácter
permanente y vocación de continuidad, ya que no se encuentran en la parte de
disposiciones transitorias de la Constitución.
Para determinar las particularidades del análisis constitucional del Estatuto de
Roma la Corte constata, además, que la finalidad del acto legislativo mencionado
fue introducir una base constitucional sólida para que el Estado colombiano
pudiera reconocer la competencia de la Corte Penal Internacional en los términos
del Estatuto de RomaUn parlamentario dijo al respecto: "En segundo lugar,