Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

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VI.La contradicción entre los presupuestos constitucionales que rigen la jurisdicción y competencia nacionales y las previsiones del Estatuto, no tienen posibilidad de concretarse en la practica, toda vez que, dado el carácter especialísimo de la Corte Penal Internacional, a los jueces colombianos no les corresponde imponer sanciones por delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional, ni a las autoridades penitenciarias ejecutarlas, de acuerdo a lo previsto en los artículos 78 y 103 del ER. VII.El Estatuto de la Corte Penal Internacional no tiene prevalencia en el ordenamiento jurídico interno ya que no es un tratado que reconoce derechos humanos sino un instrumento internacional destinado a establecer la jurisdicción y competencia de un tribunal internacional. VIII.Habida consideración de lo anterior, el Estatuto de Roma no hace parte del bloque de constitucionalidad. IX.El Estatuto de Roma no fue incorporado como tal a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo No. 02 de 2001, ya que el Constituyente derivado lo que quiso, con la adición al artículo 93 superior, fue autorizar al Estado colombiano para "reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma". X.La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales relacionadas con garantías constitucionales significa que se está ante un régimen de excepción que da un tratamiento más riguroso que el previsto en la Constitución, y que, por lo tanto, no ha de proyectarse sobre la jurisdicción penal colombiana. Debe pues, quedar circunscrito a la jurisdicción especialísima y supraestatal de la Corte Penal Internacional, la cual es, además, subsidiaria a la jurisdicción nacional. XI."Siendo la materia regulada por el Estatuto de Roma el establecimiento de la jurisdicción y competencia de la Corte Penal Internacional en relación con unas conductas delictivas cuyo tratamiento en materia sustancial es diferente al de las garantías previstas en nuestra Constitución Política y avalado ese tratamiento diferencial por el Constituyente derivado, es de concluir, desde esa perspectiva, que dicho Estatuto es compatible con nuestra Carta Política, porque así lo determinó quien tiene la facultad de definir sus contenidos en razón de la función constituyente reconocida por la propia Constitución.Cfr.folio 31. En conclusión de lo expuesto, el Procurador General de la Nación (E), solicita a la Corte Constitucional declarar EXEQUIBLES el Estatuto de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el día diecisiete (17) de julio de mil novecientos
noventa y ocho (1998) y la Ley 742 de 2002, mediante la cual se aprueba dicho instrumento internacional, de conformidad con el Acto Legislativo No. 2 de 2001. V.CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. 1.Competencia de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de tratados. Características especiales de la revisión del Estatuto de Roma. 1.1. Los lineamientos generales del control constitucional ordinario. Por regla general, de conformidad con lo que establece el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la sentencia C-468 de 1997Corte Constitucional, Sentencia C-468/97, MP: Alejandro Martínez Caballero. las características de dicho control son las siguientes: "Este control constitucional de los tratados internacionales se caracteriza porque es previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; es automático, por cuanto no está supeditado a la presentación en debida forma de una acción ciudadana sino que la ley debe ser enviada directamente por el Presidente de la República dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; es integral, en la medida en que la Corte debe analizar el aspecto formal y material de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; tiene fuerza de cosa juzgada, pues la Corte debe "decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban" (CN art. 241-10), lo que excluye la revisión posterior por vía de acción pública de inconstitucionalidad; y, finalmente, es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo, esto es, para que el respectivo convenio pueda surgir como acto jurídico en el ámbito internacional". Dicho control de constitucionalidad, según la reiterada jurisprudencia de esta CorporaciónVer entre muchas otras, las sentencias C-378/96, MP: Hernando Herrera Vergara; C-682/96, MP: Fabio Morón Díaz; C-400/98, MP: Alejandro Martínez Caballero; C- 924/00, MP: Carlos Gaviria Díaz. se ejerce después de
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