Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

"i) El artículo 29 que consagra la imprescriptibilidad de la competencia de la
Corte Penal Internacional para conocer de los crímenes a los que se refiere el
Estatuto de Roma (artículo 5), como la reclusión a perpetuidad según la extrema
gravedad del crimen o personalidad del imputado, de que trata el artículo 77.
Normas éstas que contradicen las garantías contenidas en los artículos 28 y 34 de
nuestra Constitución.
ii) El artículo 20 relativo a la cosa juzgada, por cuanto éste consagra dos
excepciones a la misma, excepciones éstas que pueden ser contrarias al inciso 4
del artículo 29 constitucional.
iii) El artículo 27, que hace referencia a la improcedencia del cargo oficial, asunto
éste que se puede considerarse contrario a las normas constitucionales que
reconocen fuero especial de juzgamiento al Presidente de la República, a los
Congresistas, a los miembros de la fuerza pública, etc.
iv) El artículo 33 del Estatuto, norma ésta que no admite el principio de la
obediencia debida, principio que está reconocido expresamente en nuestra
Constitución frente a las fuerzas militares (artículo 91 constitucional). Sin
embargo, es de resaltar que la jurisprudencia constitucional ha determinado que
dicho principio no es aplicable cuando de crímenes de lesa humanidad,
genocidio, desaparición forzada, etc., se trate. Sin embargo, nada se ha dicho
sobre los crímenes de guerra.Cfr.folio 24 del concepto enviado por el
Procurador.
Respecto de la oposición entre estos artículos y la Carta Política, el Procurador
explica que esta contradicción fue también resuelta por el Acto Legislativo No.
02 de 2001, al admitir las disposiciones del Estatuto como régimen de excepción
frente a la Constitución Política. Su interpretación es la siguiente:
" [Esto] significa, por una parte, que tales mínimos, los del Estatuto, sólo
operarán en relación con los delitos cuya investigación y juzgamiento acometa la
Corte Penal Internacional y no para cuando el Estado colombiano esté ejerciendo
su jurisdicción. Lo cual quiere decir que por fuera de la investigación y
juzgamiento de tales conductas por la Corte Penal Internacional, los mínimos
contemplados en dicho Estatuto no procederán en nuestro ordenamiento
interno, pues la jurisdicción penal que ejerce el Estado colombiano frente a
cualquier delito, incluidos aquellos señalados en el artículo 5 del Estatuto de
Roma, debe tener como pilar infranqueable las garantías mínimas que nuestra
Constitución ha instituido frente al ejercicio de ius punendi del Estado.Cfr.folio 26
del concepto enviado por el Procurador.