Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

admisibilidad y el derecho aplicable, Parte III: De los principios generales de
derecho penal, y, Parte IV: De la composición y administración de la Corte.
La presentación del cuerpo y contenido del texto del Estatuto se finaliza
enunciando que "el Estatuto de Roma presenta aspectos que, desde la óptica del
derecho constitucional colombiano deberían ser analizados. Estos aspectos se
refieren específicamente al reconocimiento de jurisdicción en materia penal a un
órgano de carácter supranacional y a la incorporación de principios y reglas
sustanciales y procedimentales que contienen unos estándares que no son
compatibles con los que determinó el Constituyente de 1991, específicamente
aquellos que hacen referencia a la imprescriptibilidad de la acción penal; el no
reconocimiento de la cosa juzgada en algunos eventos; la inaplicación del
principio del non bis in ídem, en casos específicos; el no reconocimiento de fueros
o cargos especiales para la determinación de competencia, etc.Cfr.folio 15 del
concepto enviado por el Procurador.
Se detiene en el análisis del reconocimiento de la jurisdicción y competencia de la
Corte Penal Internacional a la luz de la Constitución Política. En este acápite
señala que para todos los Estados fue un reto de hacer compatible el Estatuto
con el derecho interno. En cuanto a Colombia, explica que esto se logró
mediante la expedición del Acto Legislativo No. 02 de 2001. Dice que mediante
este acto legislativo "el Congreso de la República, en ejercicio de la facultad
contemplada en los artículos 114, 374 y 375 de la Constitución Política, decidió
adicionar el artículo 93 Superior".
La Vista Fiscal manifiesta que,
"Con esta reforma, entiende el Procurador General de la Nación (E), que la
voluntad inequívoca del legislador en ejercicio de su facultad de reformar la
Constitución, fue la de reconocer en forma plena y sin salvedad alguna la
jurisdicción y competencia de la Corte Penal Internacional, tal como ésta quedó
estructurada en el Estatuto de Roma, conclusión a la que se llega de la lectura del
inciso primero del Acto Legislativo trascrito y de sus antecedentes legislativos,
siempre y cuando los órganos del Estado que deben intervenir en la aprobación
de los instrumentos internacionales así lo decidiesen.
Significa lo anterior, que el Constituyente dejó a la decisión del Presidente de la
República, como director de las relaciones internacional (artículo 189, numeral 3
de la Carta) y del Congreso de la República como órgano de representación
popular (artículos 150, numeral 16 y 224 de la Carta), la decisión política de