Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

En este orden de ideas, "[...] el Estatuto establece que la cosa juzgada no operará
cuando el proceso que se hubiere seguido en otro tribunal a) obedeciere al
propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de
competencia de la Corte; o b) no hubiere sido instruido en forma independiente
o imparcial, o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del
caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de
la justicia (artículo 2, párrafo 3)" (F 2). Se quiere así que los crímenes más graves
no queden en la impunidad.
El Estatuto coincide con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de
Derechos Humanos que consagra la obligación de los Estados que la hayan
suscrito de respetar y garantizar los derechos reconocidos y de investigar a
quienes los vulneren. El interviniente sostiene que "La Corte Interamericana ha
afirmado que: 'Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede
impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de
sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y
pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción'.Corte Interamericana de
Derechos Humanos, sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velázquez Rodríguez
(Cita del interviniente).
Asevera que el Estatuto es el primer instrumento internacional permanente para
dotar a las normas del derecho internacional humanitario de poder coercitivo
dado que la Corte tendrá competencia para conocer de las infracciones graves a
los Convenios de Ginebra y de otras normas relativas a los conflictos armados
internacionales y nacionales.
Señala que el Estatuto de Roma es compatible con la Constitución en virtud a
que ella fue reformada por el Congreso de la República por medio del Acto
Legislativo 02 de 2001, con el fin de alcanzar dicho propósito y subsanar las
eventuales contradicciones entre ambas normas. Comenta que durante el trámite
de este acto legislativo se presentaron algunas diferencias entre el Congreso y el
Gobierno pero que finalmente se estableció que éste tendría la facultad de
presentar el proyecto de ley aprobatoria del Estatuto y que para ello tendría "[...]
la autorización constitucional que eliminaba las dificultades constitucionales" (F
6), proyecto que siguió el procedimiento legislativo establecido para el efecto.
Resalta que el artículo 93 de la Carta adicionado por el Acto Legislativo 02 de
2001 admite diferencias entre la justicia nacional y la impartida por la Corte Penal
Internacional pero que tales diferencias tienen aplicación sólo respecto de la
aplicación del Estatuto de Roma, pues éste no admite reservas, lo cual hacía
necesario adaptar la Constitución antes de aprobar el Tratado.