Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

Internacional constituye un paradigma en el desarrollo del derecho penal
internacional, pues se convierte en un instrumento vital y fundamental para la
lucha contra la impunidad de aquellas conductas contrarias al orden natural, al
tener una teología de reivindicación y garantía de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario del conglomerado social mundial" (folios 1 y
2). De los derechos reconocidos al acusado enumera los que recogen el consenso
internacional plasmado en instrumentos internacionales y destaca su importancia.
Anota que "de estos derechos, el Estatuto presta especial atención a dos: el
derecho del acusado a hallarse presente durante el juicio y el derecho a no
declararse culpable (art. 65). Respecto al primer derecho, se permite que los
juicios se desarrollen sin la presencia del acusado cuando se trate de un elemento
perturbador, en cuyo caso se deben adoptar medidas para permitirle que observe
el proceso y dé instrucciones a su defensor desde fuera. Sin embargo, se permite
que se confirmen los cargos sin la presencia del acusado y requiere la presencia de
asesoría legal para el sospechoso cuando la Sala de Primera Instancia determina
que redunda en interés de la justicia (art. 63). Igualmente, se establece que los
derechos del acusado no deben ser vulnerados cuando se realicen audiencias a
puerta cerrada o testimonios grabados en la medida en que no vulneren los
derechos del acusado, medidas que deberán adoptarse cuando la víctima sea
menor de edad o haya sufrido violencia sexual, salvo que la Corte decida lo
contrario" (folio 3).
En la tercera parte se pronuncia sobre la constitucionalidad del Estatuto de
Roma, al cual califica de "elemento importante disuasorio para los actores del
conflicto armado interno". Empieza por sostener que "(...) la Corte Penal
Internacional es plenamente compatible con nuestro ordenamiento superior, ya
que su objetivo central de lucha contra la impunidad que se puede producir por la
comisión de delitos que afectan los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario, es un propósito igualmente compartido por nuestra
institucionalidad política, por ser un mandato expresamente consagrado en el
preámbulo y los artículos superiores que determinan las normas rectoras de
nuestras partes tanto dogmática como orgánica constitucional" (folio 5).
No obstante, identifica algunas materias donde existiría una incompatibilidad
entre el Estatuto de Roma y la Constitución. Al respecto concluye: "Y si bien es
cierto, algunos artículos del Estatuto de Roma a prima facie parecen entrar en
conflicto con determinados elementos presentes de nuestra máxima norma, así
por ejemplo la prohibición de las inmunidades, o la consagración de la cadena
perpetua, y la imprescriptibilidad de los delitos, junto al desconocimiento del
principio del non bis in ídem, determinarán una inconstitucionalidad, también lo es
que para solucionar esa problemática expertos en derecho constitucional como