Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

a) La inmunidad de la que disfrute una persona según normas nacionales, no
impedirá que la Corte ejerza su competencia (artículo 24 del ER). "Para la
Defensoría del Pueblo, la Corte Penal Internacional constituye, por sí misma, una
jurisdicción especialísima, que actuará solo en los casos más graves de violaciones
a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario" (F 13). Por
ello, el estatuto no reconoce fueros de ninguna naturaleza respecto de los
investigados.
b) Se prevé la posibilidad de que haya penas perpetuas, lo cual se encuentra
prohibido en el artículo 34 de la Carta Política Colombiana. No obstante, esta
sanción se aplicará sólo de manera excepcional dada la gravedad del crimen
cometido (artículo 77 – b del ER); la pena podrá reducirse una vez el condenado
haya cumplido a lo menos 25 años de prisión (artículo 110 – 3 del ER); la
imposición de una pena de cadena perpetua no sería competencia de los jueces
nacionales; existe la posibilidad de que los Estados impongan algunas
condiciones para la recepción de prisioneros, lo cual "[…] significa que Colombia
no estará obligada a ejecutar una pena de este tipo en su territorio" (F 15); y,
"[f]inalmente, en el artículo 80 del Tratado de Roma se establece que nada de lo
dispuesto en el mismo Estatuto sobre las penas aplicables se entenderá en
perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas prescritas por su
legislación nacional ni de la legislación de los Estados en que no existan las penas
prescritas en el Estatuto" (F 15).
c) El Estatuto "[…] determina la imprescriptibilidad de los crímenes de
competencia de la Corte Penal Internacional y guarda silencio respecto a la
prescripción de las penas [artículo 27 del ER]. La Constitución Política, en el
artículo 28 establece que no podrá haber penas ni medidas de seguridad
imprescriptibles y calla con respecto a los delitos. Aunque las normas en estudio
se refieren a fenómenos diferentes, persiste la duda sobre una posible
discrepancia constitucional entre la norma del artículo 27 del Estatuto y la Carta
Política" (F 16).
d) El Estatuto prevé en su artículo 20 que nadie que haya sido condenado o
absuelto por la Corte Penal Internacional podrá ser juzgado de nuevo por ella o
por otro tribunal bajo el mismo cargo. Una persona procesada por algún tribunal
tampoco podrá ser procesada por la Corte salvo que la actuación de aquél
"obedeciere al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal" o no
se hubiere adelantado de forma independiente e imparcial o de hubiere
desarrollado en forma "incompatible con la intención de someter a la persona a la
acción de la justicia".