Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

El Defensor resalta la competencia que el Estatuto confiere al Fiscal para iniciar
investigaciones de oficio, o por solicitud de un Estado Parte o del Consejo de
Seguridad. Se subraya la mutua colaboración respecto de las relaciones entre el
Fiscal y la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. "En
este sentido, la Sala dictará todas las providencias y órdenes que sean necesarias a
los fines de la investigación, a petición del fiscal (artículo 57 ordinal 3 literal a)" (F
10).
En cuanto al Consejo de Seguridad, el Defensor señala que el artículo 16 del
Estatuto prevé que el Consejo de Seguridad podrá solicitar a la Corte Penal
Internacional que se aplace una investigación o un juicio hasta por 12 meses
prorrogables mediante una resolución aprobada de acuerdo con lo dispuesto en
el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas. "Aunque esta disposición puede
interpretarse como una injerencia indeseable de un organismo estrictamente
político en los asuntos de la Corte Penal Internacional, las condiciones en las que
se debe presentar la petición introducen límites a esta prerrogativa, pues imponen
que la petición se haga a través de una resolución que podrá ser vetada, en caso
de desacuerdo, por alguno de los miembros del Consejo de Seguridad. La Corte
Penal Internacional podrá retomar el caso y tomar la decisión que corresponda
en derecho, sin que la petición que en algún momento hiciera el Consejo de
Seguridad, incida en su determinación final". (F 11).
En lo que respecta a la protección de los derechos, afirma que dado que la Corte
Penal Internacional tiene un carácter meramente penal, es necesario que sus
actuaciones se encuentren rodeadas de garantías. Anota que "(l)os fundamentos
generales de carácter procedimental establecidos en el Estatuto, se adecuan a las
normas básicas señaladas en los artículos 5, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los artículos 6, 7,
9, 10, 14 y 15 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos".
Además, las definiciones legales de los delitos son respetuosas de los
instrumentos internacionales y "[…] en los casos en los que las conductas se
refieren a hechos no definidos en otros tratados internacionales, en el Estatuto se
lleva a cabo una descripción que respeta los requisitos del principio de legalidad,
esto es, la certeza, la claridad y la precisión en las definiciones legales del crimen.
En el artículo 9 se previó, además, la aprobación, por parte de la Asamblea de los
Estados Partes, de los elementos de los crímenes que ayudarán a la Corte Penal
Internacional a interpretar y aplicar las normas pertinentes" (F 12).
En relación con los eventuales inconvenientes que pueda presentar el Estatuto a
la luz de la Constitución Política, el Defensor resalta los siguientes: