Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

en cuyo territorio se pretenda adelantar una investigación o un proceso; y
permitirá que dicho Estado impugne tal decisión por considerar que en su
territorio se adelanta o adelantó un juicio con el lleno de los requisitos y garantías,
según lo dispuesto por el ordinal segundo del artículo 19 del Estatuto.
La Corte Penal Internacional será competente tan sólo respecto de los crímenes
de mayor gravedad para la comunidad internacional, pues ella "[…] constituye el
umbral de lo que es absolutamente condenable para todos; de lo que no puede
dejar de ser aceptado; de lo que es absolutamente inviolable. En otras palabras, el
Tribunal Penal es el brazo judicial para hacer efectivo el Derecho Internacional
Humanitario" (F. 6).
El Defensor cita a Cherif Bassiouni, quien sostiene que para que la Corte Penal
Internacional pueda ejercer su competencia respecto de un crimen, "éste debe
haber sido cometido en el territorio de un Estado miembro o por uno de sus
nacionales. Asimismo, la Corte Penal Internacional puede ejercer su competencia
si un Estado que no es parte lo acepta y el crimen ha sido cometido en el
territorio de ese Estado o el acusado es nacional del mismo. La competencia de la
Corte Penal Internacional se basa en el principio universalmente reconocido de la
territorialidad y no sobre el criterio de la jurisdicción penal universal. Incluso
cuando el alcance de la competencia de la Corte sea universal, esto no supone
que estemos ante una aplicación de la teoría de la competencia universal, salvo en
el caso de las remisiones del Consejo de Seguridad, que no se vinculan a la
territorialidad de ningún Estado, sea Estado Parte o noBassiouni, Cherif. Nota
explicativa sobre el Estatuto de la Corte Penal Internacional. En: Revue
Internationale de Droit Pénal. Primer y segundo semestre de 2000, pág. 8. .
En cuanto a la estructura de la Corte Penal Internacional, el Defensor describe el
diseño institucional de la Corte Penal Internacional y agrega que "(r)especto al
sistema adoptado por Colombia, existen importantes coincidencias, cabe resaltar,
la adscripción de la Fiscalía al poder judicial. En efecto, de acuerdo con el artículo
116 de la Constitución Política, la Fiscalía General de la Nación hace parte de la
rama judicial, sus decisiones son, así, independientes. En el Estatuto de la Corte
Penal Internacional, como ya se vio, la Fiscalía es uno de los órganos del
Tribunal. No obstante, en cuanto a las facultades asignadas a la misma, se
presenta una diferencia; ella se refiere a la prerrogativa que tiene el fiscal
colombiano de tomar decisiones que restrinjan los derechos fundamentales de los
implicados, tales como, la libertad. En los dos sistemas penales, esto es, ante la
Corte Penal Internacional y en Colombia, rige el principio de la presunción de
inocencia y la carga de la prueba compete a las instancias judiciales" (F 8).