Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

según lo prescrito en el artículo 1° de la Carta de las Naciones Unidas; 3) Los
principios que orientan la Corte Penal Internacional "se ajustan plenamente a los
principios de derecho internacional aceptados por Colombia y a la necesidad de
preservar los derechos fundamentales de las personas, consagrados en la
Constitución Política de 1991, además de contribuir al fortalecimiento de los
vínculos de cooperación entre los Estados con la adopción de medidas eficaces
para la represión de delitos que atentan gravemente contra los derechos
humanos" (F 5); 4) El Estatuto es respetuoso de la legislación interna de los
Estados Partes; y 5) Las disposiciones de este instrumento "se adecuan
plenamente a los principios generales del derecho internacional de los tratados,
regulados por la Convención de Viena de 1969, y aceptados por Colombia, según
se desprende del artículo 9° de la Carta Política, razón por la cual se encuentran
conformes con la Constitución, contribuyendo por demás el estatuto objeto del
estudio una herramienta que se encuentra a la altura del compromiso adquirido
por el país con la comunidad internacional, para hacer de Colombia un país
pacífico y seguro, con una administración de justicia fortalecida, capaz de
afrontar graves problemas de violencia" (F 6).
4.Intervención del Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo envío a esta Corporación un informe en el que analiza la
exequibilidad del Estatuto de Roma. Luego de mencionar sus antecedentes,
indica que el referido Estatuto es un código penal y de procedimiento penal de
carácter internacional aplicable en los Estados Partes más no directamente por
ellos. En efecto, "La Corte Penal Internacional […] actuará sólo en los casos más
graves de violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional
Humanitario y en forma subsidiaria a la justicia nacional" (F. 4).
En su intervención, el Defensor hace énfasis en los aspectos del Estatuto de
Roma que merecen especial consideración por parte de la Corte Constitucional.
El primero de ellos es el relativo al principio de complementariedad. La Corte
Penal Internacional (CPI) debe examinar si una decisión adoptada por el poder
judicial de un Estado en desarrollo de un proceso respecto de un delito de la
competencia de aquella, busca sustraer a la persona de su responsabilidad penal,
o si ha habido demora injustificada, o si el juicio se ha adelantado por jueces
independientes de manera imparcial. De lo contrario, dicha Corte Internacional
no puede admitir la causa.
La Corte se cerciorará de que es competente para adelantar un proceso en
concreto y de que puede admitir el asunto. Además, notificará de ello al Estado