Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

Asevera que en una situación constante "de peligro y zozobra, surge la necesidad
política de proteger en forma preferente aquellos valores más valiosos para la
convivencia pacífica" en un momento en el que, en el ámbito nacional "los
medios utilizados por estos grupos [violentos] han sido los más crueles e
inhumanos, propios de una mente enferma o de un grupo de salvajes" (F 13).
Así, "el Estatuto de la Corte Penal Internacional señala el más decidido repudio
contra los actos de barbarie cometidos al amparo, o en nombre, de la
confrontación armada, procurando, en último término, la realización del derecho
supremo y fundamental al disfrute de la paz" (F 14).
Asegura que el establecimiento de instituciones judiciales capaces de sancionar la
comisión de delitos, es un medio para el fortalecimiento del sistema democrático,
y que la aplicación de las normas contenidas en el Estatuto de Roma soluciona la
carencia de una justicia penal internacional de carácter permanente.
3.Intervención del Ministerio de Defensa Nacional
El Ministerio de Defensa Nacional intervino por medio de apoderada para
defender la constitucionalidad de la Ley 742 de 2002 y del tratado por ella
aprobado. La interviniente solicita que ambos sean declarados exequibles.
Señala que "la Corte Penal Internacional fue creada y aprobada en la ciudad de
Roma el 17 de julio de 1998 con 120 votos a favor, 7 en contra y 21
abstenciones" (F 1), que para su entrada en vigor, se requería de la ratificación de
por lo menos 60 Estados y que es una entidad de carácter permanente que cuenta
con jurisdicción para perseguir a quienes comentan los más graves crímenes:
"genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión".
La expedición de la Ley 742 de 2002 cumplió los requisitos establecidos en la
Constitución respecto de las normas aprobatorias de tratados. Además, la ley en
cuestión se aviene a lo prescrito en los artículos 226 y 227, relativos a los
principios que guían a Colombia en materia de relaciones internacionales.
Sostiene que la norma en cuestión se ajusta a la Constitución Política por varias
razones, entre las que se resaltan las siguientes: 1) El Estatuto de Roma es un
mecanismo idóneo para fortalecer los principios establecidos en la Carta de las
Naciones del 26 de junio de 1945 y reconocidos en el texto constitucional
colombiano, que responde al llamado de la comunidad de naciones de que
hubiese una entidad internacional de carácter permanente capaz de juzgar los
crímenes de mayor gravedad; 2) El Estatuto ayuda al mantenimiento de la paz y
la seguridad internacionales y fomenta entre las naciones relaciones de respeto,