Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

internacionales e internos" (F 17), y que por ello, el Estatuto representa los más
altos valores éticos y políticos.
2.Intervención del Ministerio Justicia y del Derecho
El Ministerio de Justicia y del Derecho intervino por medio de apoderado para
defender la exequibilidad de la Ley 742 de 2002 y del correspondiente tratado.
El interviniente asegura que el estudio de constitucionalidad de la Ley 742 de
2002 sólo podrá abarcar las cuestiones formales, según se desprende de una
interpretación sistemática e histórica del Acto Legislativo 02 de 2001 y el artículo
120 del Estatuto de Roma, que prohíbe las reservas respecto de dicho tratado.
Luego de analizar la naturaleza jurídica de las reservas en el ámbito internacional,
señala que el Acto Legislativo 02 de 2001 posibilita el reconocimiento de la Corte
Penal Internacional, acepta las reglas contenidas en el Estatuto de Roma y
permite superar las diferencias entre éste y la Carta Política Colombiana.
Indica que la necesidad de reformar la Carta para poder aprobar el Estatuto fue
tenida en cuenta por el Congreso; en él se expresó: "Para que la CPI. pueda ser
ratificada por Colombia se requeriría el cambio de mucha de nuestra legislación,
lo cual sería muy dispendioso y demorado. Es por ello que la solución para poder
ratificar el Estatuto de Roma y permitir que Colombia pueda unirse a sus
beneficios es menester emplear este mecanismo del acto legislativo pues,
constitucionalmente, es el más adecuado y cortoGaceta del Congreso N° 77 de
marzo 20 de 2001. Pág. 3 (cita del interviniente).; en segundo debate de plenaria
del Senado, se decidió que el Gobierno Nacional sería el llamado a ratificar el
tratado.
Señala que la Corte Penal Internacional responde a la universalidad de los
derechos humanos en una época en que la dignidad humana es, ante todo, un
principio de civilización y que su consagración en la legislación colombiana ayuda
a fortalecer el valor normativo de la Constitución.
Sostiene que la universalidad de los derechos humanos se expresa en que (i) "su
garantía y protección no es asunto exclusivo del derecho interno de los Estados";
(ii) en que la dignidad humana "convierte a la persona humana en un sujeto de
Derecho Internacional"; y (iii) en que "si un Estado constitucional funda su
legitimidad en el respeto de la dignidad humana y, por ende, en la primacía de los
derechos humanos, todo Tratado de Derechos Humanos tiene la misma fuerza
normativa de los preceptos constitucionales (art. 93 CN)" (F 12).