Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

competencia complementaria en los casos en los que la justicia nacional no sea
efectivamente operante; que los jueces colombianos no serán competentes para
imponer las penas previstas en el Estatuto; y que un Estado podrá presentar
algunas condiciones para que su territorio sea receptor de condenados.
En todo caso anota, que la Constitución fue modificada por el Congreso para
poder incorporar el Estatuto de Roma al ordenamiento colombiano. Al respecto
dice: (...) En todo caso, cualquier dificultad que se vislumbrara para la
incorporación del Estatuto a nuestra legislación interna, quedó franqueada con la
expedición del Acto Legislativo N° 2 de 2001 (F 14). (...) Removido en esta
forma, cualquier óbice constitucional, se entiende que la competencia de la Corte
Penal Internacional puede ser aceptada por el Estado colombiano en los
términos establecidos en el Estatuto, y que sus normas son de carácter
excepcional y únicamente válidas para los efectos del mismo Estatuto. En otras
palabras, para los efectos de esta Convención, se enmendó de manera especial y
directa la Constitución Política, esto es sin permitir que algunas particularidades
se puedan extender con amparo del Acto Legislativo N° 2 de 2001 a la Justicia
interna. Así, Colombia puede asumir la Corte Penal Internacional, porque su
propia Constitución lo admite y ha autorizado su competencia, en los términos
del Tratado de Roma (F 15).
Indica que "el Estatuto de Roma constituye un instrumento internacional con
características especiales, pues por primera vez en la historia de la humanidad,
ésta llega a un acuerdo sobre la adopción de un código sustantivo y de
procedimiento penal internacionales" (F 15). Además, según el artículo 93 de la
Carta, el Estatuto prima sobre la legislación colombiana y sirve de referencia para
la interpretación de la misma.
El interviniente recuerda los criterios fijados por esta Corporación en las
sentencias C-574 de 1992 en la que conoció de la constitucionalidad del
Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, y la C-225 de 1995 en la que
se declaró la exequibilidad del Protocolo II Adicional a los Cuatro Convenios de
Ginebra.
Concluye afirmando que la ratificación del Estatuto de Roma "[...] construye las
bases para una institucionalidad penal internacional legítima, neutral, imparcial,
equilibrada y universal que tendrá a su cargo la investigación y penalización de
quienes, sin distingo de ninguna clase, llegaren a incurrir en la más graves
violaciones a los Derechos Humanos o cometieren violaciones a las normas del
Derecho Internacional Humanitario que regulan los conflictos armados