Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

Convención" (F 3). Agrega que con la reforma del artículo 93 de la Constitución
se removieron las incompatibilidades que pudieran existir para su posterior
ratificación.
Resalta el carácter complementario de la Corte Penal Internacional respecto de la
jurisdicción nacional y los casos en los cuales aquélla es competente. Sostiene que
los tres primeros crímenes tipificados en el Estatuto se encuentran consagrados
en convenciones internacionales anteriores: 1) La tipificación del genocidio por el
artículo 6 del ER."coincide con los artículos 2 y 3 de la Convención [sobre la
Prevención y el Castigo al Crimen de Genocidio]"; 2) Los crímenes de guerra,
consagrados en el artículo 8 del ER.., se encuentran también contenidos en los
Convenios de Ginebra de 1949 y en los Protocolos de Ginebra de 1977, que
contemplan, entre otras, prohibiciones aplicables a los conflictos armados de
carácter interno; 3) Los crímenes de lesa humanidad, consagrados en el artículo 7
del ER.. en el que se "[...] repite el artículo 6°(c) de la Carta de Nuremberg, el
artículo 5° del Tribunal Penal Internacional para la ex - Yugoslavia (ICTY) y el
artículo 3° del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR). La norma
incluye también otras modalidades de crímenes que se enmarcan como de lesa
humanidad" (F 9); 4) La agresión, que se encuentra en el artículo 5° del ER.., es
un tipo que "[...] no ha sido definido, por lo cual la Corte ejercerá competencia
respecto de él una vez que la Asamblea de los Estados Partes apruebe una
disposición en la que se defina el crimen y se enuncien las condiciones dentro de
las cuales lo hará (Art. 5, ER)" (F 9).
Hace un recuento de las garantías procesales contempladas en el Estatuto a favor
del procesado; analiza el contenido del principio de legalidad (artículos 22 y 23
del ER), del de irretroactividad (artículo 24 del ER) y del de presunción de
inocencia (artículo 66 del ER); indica también que el Estatuto prevé en su
artículo el mecanismo de la dispensa y la recusación para garantizar la
imparcialidad de los magistrados y del Fiscal.
"En materia de restablecimiento y reparación de las víctimas, el Estatuto va más
allá del concepto tradicional de la reparación como indemnización, la cual se
limita al aspecto pecuniario, extendiéndolo, de manera mucho más integral y
conducente al restablecimiento del derecho, a la restitución y a la rehabilitación"
(F 11).
Señala que el artículo 71 del ER contempla la pena de reclusión a perpetuidad (lo
cual se encuentra prohibido respecto de la jurisdicción nacional por el artículo 34
de la CN); que esta pena podrá ser revisada una vez que el recluso haya cumplido
25 años de prisión; que la Corte Penal Internacional tiene tan sólo una