Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

derecho internacional general que le permitiera establecer si un Estado puede
conceder amnistías por los delitos contemplados en el Estatuto. Es inocua, pues
decidir sobre la competencia y sobre la admisibilidad de un caso es una labor que
le corresponderá asumir a la Corte Penal Internacional, no a esta Corporación.
Las opiniones jurídicas de esta última, por bien sustentadas que estén, no afectan
la potestad para que la Corte Penal Internacional determine su propia
competencia y la admisibilidad de cada caso, de acuerdo con el principio de
derecho internacional conocido como la competence de la competence.
Es preciso resaltar también, pues la Sentencia no resulta clara al respecto que,
como lo ha sostenido reiterada y sistemáticamente la jurisprudencia de esta
Corporación, la amnistía general –como mecanismo de extinción de la acción
penal- es válida tratándose de delitos políticos. Sin embargo, los crímenes
contemplados en el artículo 5 del Estatuto son incompatibles con tal categoría de
delitos. Este fue otro aspecto sobre el cual la Corte no profundizó. Los
crímenes del artículo 5 son crímenes internacionales. Este calificativo implica
que las conductas ofenden no sólo al Estado en el cual se cometen, sino a la
comunidad internacional en su conjunto, más allá de las contingencias políticas
internas que deba enfrentar éste internamente. Los delitos de genocidio, les
humanidad y los crímenes de guerra no son delitos políticos. En ningún caso
pueden estar cobijados por amnistías generales, pues el mandato constitucional
que ordena a las autoridades públicas reconocer y proteger la dignidad humana y
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales implica un deber objetivo
de penalizar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al
Derecho Internacional Humanitario. Conviene recordar el lema recurrente de la
Coalición Internacional de ONGs dentro de la Conferencia Internacional de
Plenipotenciarios "no hay paz sin justicia".
Finalmente, gran parte de las conductas prohibidas por el Estatuto hacen parte
del ius cogens o derecho internacional imperativo. A pesar de que la Sentencia así
lo afirma y sustenta tal afirmación, no se detiene a analizar las repercusiones que
ello tiene en relación con la posibilidad jurídica internacional de conceder
amnistías por lo delitos contemplados en el Estatuto. El carácter imperativo de
las normas de ius cogens impide que los Estados pacten internacionalmente
contraviniendo una de tales disposiciones. Si no se puede pactar
internacionalmente en contra: ¿es válido un pacto interno que contraríe una
norma de ius cogens? Por supuesto ningún Estado las puede autorizar
internamente, pero: ¿puede tolerar tales conductas una vez que la jurisdicción
interna ha establecido que se cometieron?