Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

para ello sea necesaria la elaboración de un tratado. Es decir, dichas reglas no
corresponden a la fuente de derecho internacional a que alude el artículo 38.1 a)
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sino a los actos unilaterales.
Las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes no
deben ser adoptados mediante tratado, así como tampoco deben adoptarse de tal
forma las resoluciones de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de la
ONU, pues se trata de fuentes diferentes de derecho internacional público.
Por supuesto, las facultades de la Asamblea de Estados Partes del Tratado de
Roma no son omnímodas. Al crear cualquiera de tales reglamentos, la Asamblea
no puede sobrepasar el mandato conferido en el Estatuto. Como se dijo, sus
facultades están limitadas a reglamentarlo para hacer que sea operativo, sin
modificarlo o alterarlo. Sin embargo, estos reglamentos son un desarrollo de lo
que ya está contenido en el Estatuto. De tal modo, tanto los elementos de los
crímenes, las reglas de procedimiento y pruebas y los demás reglamentos, son
adoptados directamente por este órgano, sin necesidad de que sean aprobados
internamente por los Estados partes.
¿Porqué? Primero, porque tan solo están reglamentando el Estatuto y su
contenido se circunscribe a lo dispuesto en el mismo. Segundo, porque a
diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad, dichas reglas están
encaminadas a delimitar la actividad del fiscal y de los jueces, y por lo tanto, son
vinculantes para los órganos de la Corte, no para los Estados partes. Sólo están
dirigidas a facilitar la ejecución de su propia actividad, pero no tienen efectos
jurídicos directos sobre los Estados partes. Pero digamos que la Asamblea de
Estados partes excede su mandato y va más allá de lo que permite el tratado.
¿Qué puede hacer el Estado colombiano? Para eso, el mismo Estatuto
contempla la posibilidad de que ante el fracaso de un arreglo directo, una de las
partes demande su incumplimiento ante la Corte Internacional de Justicia.
3. El tercer asunto respecto del cual debo aclarar mi voto es el que se refiere a la
relación entre las obligaciones derivadas del Estatuto y la posibilidad de que un
Estado Parte conceda amnistías internamente.
La Sentencia afirma que ninguna disposición del Estatuto impide que se
concedan amnistías. Sin embargo, es una apreciación anódina y superflua. Es
anódina, pues la Corte no llevó a cabo un análisis sistemático de fuentes de