Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

2. También considero importante aclarar mi voto en relación con lo que se
afirma en las consideraciones acerca de la naturaleza jurídica de las Reglas de
Procedimiento y Pruebas y de las que definen los Elementos de los Crímenes.
Los reglamentos expedidos por la Asamblea de Estados Partes, y para el efecto,
los Elementos de los Crímenes y las Reglas de Procedimiento y Prueba no están
sujetos al control político del Congreso ni al control constitucional de la Corte.
Estas reglas no tienen porqué ser adoptadas mediante leyes porque no son
tratados internacionales, ni siquiera son acuerdos ejecutivos entre los Estados.
Son actos unilaterales proferidos directamente por un órgano deliberante de una
organización internacional, al cual el estatuto mismo le otorga competencia: la
Asamblea de Estados Partes. Afortunadamente, el error de apreciación en
relación con la naturaleza jurídica de dichas normas es trivial y dada la naturaleza
doctrinaria que tienen las consideraciones de la Corte en la presente Sentencia, de
modo alguno resulta vinculante para el Gobierno Nacional.
Cuando se instituye una organización internacional se está creando un sujeto de
derecho internacional público con capacidad jurídica limitada. Esta se
circunscribe a las facultades que le otorga su mismo estatuto. En tal sentido se
afirma que algunos órganos de ciertas organizaciones internacionales tienen la
capacidad de crear "derecho derivado" de sus estatutos. Es decir, normas –
generales o particulares-, cuyos efectos pueden ser oponibles exclusivamente a
dicho órgano o, en casos excepcionales, extenderse para vincular a los Estados o
a la organización internacional, dependiendo de lo que diga su estatuto. Tal es el
caso de la ONU, que tiene al Consejo de Seguridad, el cual, conforme al artículo
25 de su Carta constitutiva, puede tomar resoluciones que obligan a todos los
Estados partes.
De tal modo, la Asamblea de Estados Partes, como órgano de la Corte Penal
Internacional, tiene la facultad jurídica de reglamentar el Estatuto en
determinados aspectos. Estos reglamentos van dirigidos a hacer operativo el
Tratado de Roma. Entre los aspectos que reglamenta se encuentran la relación
entre la Corte y la ONU, el estatus de privilegios e inmunidades de sus
miembros, el reglamento administrativo y financiero, las reglas de procedimiento
y prueba, los elementos de los crímenes y los sueldos de los magistrados.
Tanto los elementos de los crímenes como las reglas de procedimiento y pruebas
hacen parte de este "derecho derivado". Son reglamentos que, conforme a los
artículos 9 y 51 del Estatuto de Roma, son adoptadas directamente por la
Asamblea de Estados Partes del Estatuto de la Corte Penal Internacional, sin que