Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

internacionales. Estas recomendaciones, así como el análisis material
efectuado en la sentencia, tienen un valor doctrinal pero no fuerza
vinculante, puesto que la Corte carece de competencia para el control del
contenido normativo del estatuto, y por consiguiente de ninguna manera
condicionan los términos en que el constituyente facultó al Presidente para
depositar el instrumento de ratificación.
a. Estimo importante enfatizar que la Corte incurriría en contradicción si
estableciera que carece de competencia para pronunciarse sobre la
exequibilidad del contenido material y ordenara o exhortara al gobierno
nacional para ratificar el Estatuto con algún condicionamiento. A pesar de
que la redacción de las consideraciones podría prestarse a interpretaciones
equívocas, la Corte no está incurriendo en contradicción alguna. Las
declaraciones interpretativas, como lo ha sostenido esta misma
Corporación en su jurisprudencia, tienen sentido únicamente cuando un
tratado internacional admite diversas interpretaciones de las cuales al
menos una resulta contraria a la Constitución. Sin embargo, en este caso
ello no puede ser así, pues por disposición expresa del constituyente, la
Corte carece de competencia para pronunciarse sobre el fondo del
Tratado. Así lo afirma esta Sentencia, y los términos en los cuales el
gobierno puede efectuar la ratificación no admiten interpretación distinta a
la que clara y perentoriamente le dio el constituyente en el Acto Legislativo
02/2002.
a. La labor de armonización del "Estatuto de Roma con respecto a las
garantías contenidas en la Constitución" para determinar el ámbito de sus
efectos resalta el carácter doctrinal del análisis efectuado por esta
Corporación, pues no corresponde a una función de la Corte
Constitucional. Esta carece de competencia para ejercer el control del
contenido normativo del Estatuto, pues como en innumerables ocasiones
lo ha dicho la Corte, a ella no le competen los problemas de interpretación
y aplicación de normas jurídicas por vía del control abstracto. En efecto,
es al juez, fiscal o profesional del Derecho a quienes les corresponde por
vía de interpretación e integración normativa, identificar el tratamiento
diferente que ofrezca el Estatuto de Roma en materias sustanciales para
determinar en cada caso particular cuál es la regulación que mejor preserve
las garantías constitucionales y que sea aplicable a la situación concreta.