Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

la Constitución. Del análisis de esta preceptiva constitucional se deduce
inequívocamente que la competencia de esta corporación se circunscribe al
control formal de tratado y de la ley aprobatoria, es decir al procedimiento
de celebración y adopción interna del Estatuto.
Así pues, la Corte carece de competencia para ejercer el control
constitucional del Estatuto por su contenido normativo material. Simple y
llanamente porque el Acto Legislativo 02/2001 estableció que "[e]l Estado
Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los
previstos en el Estatuto de Roma", lo que significa que las normas del Estatuto
en su integridad gozan de un rango constitucional.
La Corte constitucional es un órgano constituido y como tal esta vinculada a la
Carta Política, lo que le impide pronunciarse sobre el contenido normativo del
tratado, o lo que es lo mismo, declarar la constitución de sus normas, tal como
los sostuvo el Procurador General de la Nación y lo resolvió la propia Sala
Plena en sesión extraordinaria del 24 de julio de 2002, cuando se decidió que la
Corte no tenía competencia para declarar inexequibles las normas del Estatuto
por razones de fondo.
a. El sentido y alcance del análisis del Estatuto de Roma que se elabora en la
sentencia, no corresponde propiamente al control constitucional de su
contenido normativo sino a un ejercicio doctrinal y dogmático que
consideró necesario realizar la Corte, por la importancia del instrumento
internacional, con el propósito de ofrecer una perspectiva descriptiva e
interpretativa de las normas jurídicas sometidas a su control formal.
a. Es necesario resaltar lo anterior porque la Corte no fue suficientemente
explícita al señalar que simplemente esta sugiriendo al Presidente de la
República efectuar unas declaraciones interpretativas, por lo tanto,
considero conveniente enfatizar este punto, aclarando, por demás, la
razón por la cual se trata de simples sugerencias, no de una orden,
mandato, exhorto que no sólo excede las competencias de la Corte sino
que supondría una grave intromisión en la autonomía que la Carta
Fundamental le reconoce al Jefe del Estado en el manejo de las relaciones