Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

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ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL- Crímenes internacionales no cobijados por amnistías generales (Aclaración de voto) ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL- Conductas prohibidas en su gran parte pertenecen al ius cogens (Aclaración de voto) Referencia: expediente LAT-223 Asunto: Revisión Constitucional de la Ley 742 de junio de 2002, "por medio de la cual se aprueba el Estatuto de roma de la Corte Penal Internacional", hecho en Roma, el diecisiete (17) de julio de 1998. 1.Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Considero de vital trascendencia aclarar mi voto en la presente sentencia por tres cuestiones que a continuación entro a analizar. 1. En primer término, es preciso aclarar el ámbito de la competencia de la Corte Constitucional en el ejercicio del control de constitucional sobre el Estatuto de Roma, lo que reviste gran importancia para comprender el sentido y alcances del prolífico análisis material que se realiza en la sentencia y para determinar si las declaraciones interpretativas a las que se refieren la sentencia tienen fuerza vinculante para el Presidente de la República. a. Como acertadamente se señala en la sentencia, la competencia de la Corte Constitucional para el control constitucional del tratado mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional y la ley aprobatoria, tiene su fundamento en los artículos 241.10 y 93 (Acto Legislativo 02 de 1993) de
la Constitución. Del análisis de esta preceptiva constitucional se deduce inequívocamente que la competencia de esta corporación se circunscribe al control formal de tratado y de la ley aprobatoria, es decir al procedimiento de celebración y adopción interna del Estatuto. Así pues, la Corte carece de competencia para ejercer el control constitucional del Estatuto por su contenido normativo material. Simple y llanamente porque el Acto Legislativo 02/2001 estableció que "[e]l Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los previstos en el Estatuto de Roma", lo que significa que las normas del Estatuto en su integridad gozan de un rango constitucional. La Corte constitucional es un órgano constituido y como tal esta vinculada a la Carta Política, lo que le impide pronunciarse sobre el contenido normativo del tratado, o lo que es lo mismo, declarar la constitución de sus normas, tal como los sostuvo el Procurador General de la Nación y lo resolvió la propia Sala Plena en sesión extraordinaria del 24 de julio de 2002, cuando se decidió que la Corte no tenía competencia para declarar inexequibles las normas del Estatuto por razones de fondo. a. El sentido y alcance del análisis del Estatuto de Roma que se elabora en la sentencia, no corresponde propiamente al control constitucional de su contenido normativo sino a un ejercicio doctrinal y dogmático que consideró necesario realizar la Corte, por la importancia del instrumento internacional, con el propósito de ofrecer una perspectiva descriptiva e interpretativa de las normas jurídicas sometidas a su control formal. a. Es necesario resaltar lo anterior porque la Corte no fue suficientemente explícita al señalar que simplemente esta sugiriendo al Presidente de la República efectuar unas declaraciones interpretativas, por lo tanto, considero conveniente enfatizar este punto, aclarando, por demás, la razón por la cual se trata de simples sugerencias, no de una orden, mandato, exhorto que no sólo excede las competencias de la Corte sino que supondría una grave intromisión en la autonomía que la Carta Fundamental le reconoce al Jefe del Estado en el manejo de las relaciones
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