Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

Finalmente, esta Corte encuentra que la regulación de la presunción de inocencia
que hace el artículo 66 del Estatuto se encuentra dentro del margen que la
Constitución reconoce al legislador. En efecto, según el artículo 66 la Corte Penal
Internacional podrá condenar a una persona responsable de los crímenes
señalados en el artículo 5, cuando no exista duda razonable sobre su
responsabilidad. Aun cuando dicho tratamiento difiere de la regla de carácter
legal que comúnmente se aplica en el derecho penal colombiano según la cual
sólo es posible dictar sentencia condenatoria cuando obre en el proceso prueba
que conduzca a la certeza del hecho punible y la responsabilidad del sindicado, el
artículo 29 constitucional no impide que el legislador establezca un criterio
distinto también respetuoso de la presunción de inocencia.
VI.CONCLUSIONES FINALES
Al terminar el análisis del contenido del Estatuto de Roma, la Corte
Constitucional reitera que los tratamientos diferentes en materias sustanciales
fueron permitidos por el Acto Legislativo 2 de 2001 exclusivamente dentro del
ámbito del ejercicio de las competencias de la Corte Penal Internacional. Por lo
tanto, no se menoscaba el alcance de las garantías establecidas en la Constitución
respecto del ejercicio de las competencias propias de las autoridades nacionales.
Así, la declaratoria de exequibilidad de las disposiciones del Estatuto de Roma
que contienen tales tratamientos diferentes no autorizan ni obligan, por ejemplo,
a los jueces nacionales a imponer la pena de prisión perpetua ni al legislador
colombiano a establecer la imprescriptibilidad de las penas. Por consiguiente, la
Corte Constitucional concluye que no es necesario que el Jefe de Estado, como
director de las relaciones internacionales, efectúe declaraciones interpretativas en
relación con cada uno de los tratamientos diferentes identificados en esta
sentencia, al momento de ratificar el tratado.
No obstante se advierte que, como el Acto Legislativo citado forma parte del
cuerpo permanente de la Constitución y, por tanto, ha de ser interpretado de tal
forma que guarde consonancia con las otras disposiciones de la Carta, la Corte
señala las materias respecto de las cuales procede, sin que ello contraríe el
Estatuto, que el Presidente de la República, en el ámbito de sus atribuciones,
declare cuáles son las interpretaciones de algunos apartes del mismo que
armonizan plenamente la Constitución con el Estatuto de Roma. Dicho
señalamiento por la Corte en ningún caso supone que existe una
inconstitucionalidad parcial del Estatuto. Esta determinación obedece al
cumplimiento del principio fundamental según el cual todas las autoridades
tienen como finalidad asegurar la efectividad de los principios, derechos y