Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

con el Estatuto de Roma, ante la Corte Penal Internacional, una vez ésta haya
asumido el conocimiento de un caso concreto.
6) En el artículo 77.1, literal b) del Estatuto faculta a la Corte Penal Internacional
a imponer la pena de reclusión a perpetuidad. Este tratamiento diferente de la
prohibición de la prisión perpetua que consagra el artículo 34 de la Carta, fue
autorizado el Acto Legislativo No. 02 de 2001, pero no habilita a las autoridades
nacionales a aplicar este tipo de pena cuando juzguen alguno de los crímenes
señalados en el Estatuto de Roma.
7) En los artículos 61, párrafo 2, literal b y 67, párrafo 1, literal d, se admite la
posibilidad de que la Corte Penal Internacional determine si es en interés de la
justicia que una persona investigada o enjuiciada por ella esté representada por un
abogado, lo cual abre la puerta no sólo para un tratamiento diferente al previsto
en el artículo 29 de la Constitución en materia de derecho a la defensa técnica,
sino para que los colombianos que eventualmente queden sometidos a la
competencia de la Corte Penal Internacional no gocen efectivamente de este
derecho y, por esto último, se hará referencia también a este punto en el capítulo
V denominado conclusiones finales.
Por otra parte, asuntos como la competencia complementaria de la Corte Penal
Internacional (artículos 17, 18 y 19 ER), las relaciones de la Corte Penal
Internacional y el Consejo de Seguridad (artículos 13, literal b) y 16 ER), la
posibilidad de que el Fiscal de la Corte Penal Internacional inicie de oficio
investigaciones por los crímenes señalados en el artículo 5 del Estatuto (artículo
15 ER), el establecimiento de responsabilidad penal por la comisión de tales
crímenes, en principio, sólo cuando hayan sido cometidos con "intención y
conocimiento" (artículo 30 ER), la detención de personas por orden de la Corte
Penal Internacional (artículo 58 ER) y su entrega a ésta (artículo 89 ER), así
como las condiciones de reclusión que podrán imponer los Estados que acepten
recibir condenados por la Corte Penal Internacional (artículo 106 ER), analizados
como asuntos especiales en este sentencia, no establecen prima facie y en abstracto
tratamientos diferentes a los previstos en nuestro ordenamiento constitucional.
Estos se encuentran en armonía con los artículos 9 y 93 de la Carta, en materia de
respeto a la soberanía y a los compromisos internacionales aceptados por
Colombia; con el artículo 2, que consagra el deber de protección que incumbe a
las autoridades estatales respecto de la vida, la libertad, la honra y los bienes y
derechos de los residentes en Colombia; del artículo 228, sobre independencia
judicial; del artículo 28, sobre hábeas corpus; del artículo 29, que consagra el
derecho al debido proceso; así como con los demás derechos y libertades
consagrados en la Carta.