Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

Tanto los Estados Partes como otras entidades institucionales podrán proponer
enmiendas a las Reglas de Procedimiento y Prueba y a los Elementos de los
Crímenes, las cuales requerirán de una mayoría de dos tercios de los Estados
Partes para ser adoptadas (artículos 9.2 y 51.2 ER). El procedimiento a seguir es
similar al de las enmiendas de carácter exclusivamente institucional. Además, los
Estados Partes podrán sugerir enmiendas a las Reglas en cualquier momento
después de su aprobación por la Asamblea de Estados Partes (artículos 9.2 y 51.2
(a) ER). Estas enmiendas deben ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de
los miembros de la Asamblea de Estados Partes y entrarán en vigor cuando
hayan sido aprobadas por ese mismo número de Estados Parte.
.21.4.4.15.2.4. Efecto de las enmiendas al Estatuto y el derecho de renuncia
al Estatuto
Cualquier enmienda al Estatuto traerá consigo el derecho de renuncia inmediata
al Estatuto, salvo dos excepciones: las enmiendas que sean de carácter
exclusivamente institucional señaladas anteriormente; y las enmiendas a la lista de
crímenes de competencia de la Corte. Existen dos maneras de renunciar por una
enmienda al Estatuto: la renuncia específica, con efecto inmediato, tal y como lo
estipula el artículo 121.6, y el rechazo de enmiendas referentes a la lista de
crímenes, tal y como lo estipula el artículo 121.5.
Se podrá optar por la renuncia con efecto inmediato cuando se apruebe una
enmienda por siete octavos de los Estados Partes. Cualquier Estado que no haya
aceptado la enmienda podrá, dentro del año posterior a la entrada en vigor,
renunciar inmediatamente al Estatuto.
La no aceptación de una enmienda referente a la lista de crímenes de
competencia de la Corte le impedirá ejercer su competencia sobre este nuevo
crimen cuando sea cometido por un nacional o dentro del territorio, del Estado
que no aceptó la enmienda. En tales casos, se llevará a cabo el proceso ordinario
de renuncia estipulado en el artículo 127.
Encuentra la Corte Constitucional que las disposiciones sobre enmienda y
revisión del Estatuto de Roma resultan compatibles con la Carta Política, como
quiera que reiteran que la obligatoriedad de tales disposiciones sólo surgirá una
vez Colombia exprese libre y soberanamente su consentimiento, de conformidad
con lo que establece el artículo 9 constitucional.