Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

En relación con este punto, en las discusiones preparatorias del Estatuto se
planteó si los Estados que aceptaren recibir a un condenado podrían poner
condiciones para ello. Por ejemplo, Francia advirtió sobre su intención de aceptar
personas condenadas sólo bajo la condición de que la solicitud de un posible
indulto pudiese realizarse en FranciKress, Claus, op. cit. p. 347.. Finalmente se
llegó a un consenso entre las partes que quedó plasmado en artículo 103 del
Estatuto. Se trata de un acuerdo en el que efectivamente el Estado
potencialmente receptor de personas condenadas puede manifestar las
condiciones bajo las cuales admite constituirse en Estado de ejecución penal en
un caso concreto. Pero el ejercicio de la facultad de condicionar la recepción de
un condenado se sujeta a la aceptación de la Corte – que en caso contrario
procede a designar a otro Estado para la ejecución de la pena – y al respeto a las
reglas consignadas en la Parte X del Estatuto. Es por ello que el artículo 103,
numeral 1 literal b) debe ser interpretado a la luz de los demás artículos del
Estatuto que reglamentan la ejecución de la pena, en especial el artículo 103
numeral 2 literal a), el artículo 105 numeral 1 y el artículo 110.
A partir de la interpretación sistemática de estas disposiciones es posible concluir
que la aceptación de condiciones impuestas por los Estados de ejecución para
recibir condenados no supone un tratamiento diferente del principio
constitucional de la igualdad (artículo 13 CP.) en materia del cumplimiento de la
sanción penal. En efecto, el Estado condicionante se obliga a no modificar la
pena privativa de la libertad impuesta por la Corte en caso alguno (artículo 105. 1
ER). Además, el Estado condicionante se obliga a notificar a la Corte
"cualesquiera circunstancias, incluido el cumplimiento de las condiciones
aceptadas con arreglo al párrafo 1, que pudieren afectar materialmente a las
condiciones o la duración de la privación de libertad." (artículo 103. 2 lit. a) ER),
de forma que la Corte sea la que decida sobre la solicitud de revisión sin que el
Estado de ejecución pueda poner obstáculos para que el condenado presente una
solicitud de esa índole (artículo 105. 2 ER). El artículo 103 ordena a los Estados
de ejecución, poner en conocimiento de la Corte las circunstancias conocidas o
previsibles con una antelación mínima de 45 días, sin que durante ese período de
tiempo pueda adoptar medida alguna que contraríe el artículo 110 del Estatuto,
que exige el cumplimiento como mínimo de dos terceras partes de la pena o 25
años de prisión para el caso de cadena perpetua, para examinar si la pena puede
reducirse (artículo 110.3 ER). Con esta última disposición se disipa el
cuestionamiento planteado, ya que en cualquier caso todos los condenados tienen
que cumplir en igualdad de condiciones las sanciones penales impuestas por la
Corte, sin posibilidad de una reducción de la pena por debajo del mínimo
establecido en el Estatuto. En consecuencia, la disposición aquí estudiada no
implica un tratamiento diferente del derecho a la igualdad.