Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

La Parte X del Estatuto de Roma trata de la ejecución de la pena. Consta de
nueve artículos que establecen las reglas generales sobre la ejecución de las
sanciones penales impuestas por la Corte Penal Internacional. Dichos artículos
versan sobre: función de los Estados en la ejecución de las penas privativas de la
libertad (artículo 103), cambio en la designación del Estado de ejecución (artículo
104), ejecución de la pena (artículo 105), supervisión de la ejecución de la pena
(artículo 106), traslado una vez cumplida la pena (artículo 107), limitaciones al
enjuiciamiento o la sanción por otros delitos (artículo 108), ejecución de multas y
órdenes de decomiso (artículo 109), examen de una reducción de la pena (artículo
110) y evasión (artículo 111).
El artículo 103 atribuye a la Corte Penal Internacional la facultad de designar al
Estado en el que habrá de ejecutarse la pena de la lista de Estados que han
manifestado estar dispuestos a recibir condenados. Dicha facultad de la Corte es
discrecional pero no arbitraria; ella debe ejercerse de conformidad con los
criterios consignados en el numeral 3 del mismo artículo 103, entre los cuales se
encuentra el principio de distribución equitativa de las cargas entre los Estados
Parte en relación con su responsabilidad por la ejecución de las penas privativas
de la libertad. Entre éstos resalta, por su carácter humanitario, el que la opinión y
la nacionalidad del condenado sean tenidas en cuenta a la hora de determinar el
Estado de ejecución de la pena. El Estado designado debe resolver sin demora si
acepta la designación, para lo cual puede poner condiciones (ver sección 4.12.2),
o la rechaza. En caso de no poder designarse a un Estado para la ejecución de la
pena, ésta la corresponde a los Países Bajos país sede de la Corte Penal
Internacional (artículo 103. 4 ER.). De cualquier forma, la Corte puede en todo
momento decidir sobre el traslado del condenado a una prisión de otro Estado
(artículo 104. 1 ER) y supervisar la ejecución de la pena (artículo 106. 1 ER), así
las condiciones de reclusión se rijan por la legislación del Estado de ejecución
con sujeción a las normas generalmente aceptadas de las convenciones
internacionales sobre el tratamiento de los reclusos (artículo 106. 3 ER).
Es importante resaltar que el Estado de ejecución no puede modificar la pena
privativa de la libertad en ningún caso (artículo 105. 1 ER), y la decisión relativa a
una posible apelación o revisión es de competencia exclusiva de la Corte (artículo
105. 2 ER). Toda reducción de la pena debe ser decidida por la Corte luego de
que se hayan cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en
el caso de cadena perpetua (artículo 110. 1 ER), de conformidad con los factores
señalados en el numeral 4 del artículo 110. En caso de rechazo a la solicitud de
reducción de la pena, la Corte debe examinar periódicamente la cuestión de