Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

4. El hecho de que la persona buscada haya sido puesta en libertad de
conformidad con el párrafo 3 no obstará para que sea nuevamente detenida y
entregada una vez que el Estado requerido reciba la solicitud de entrega y los
documentos que la justifiquen.
Como quiera que el análisis de constitucionalidad del procedimiento de detención
ya se hizo en la parte 4.7.2.2. de esta sentencia, donde se llegó a la conclusión de
que éste resultaba no implicaba un tratamiento diferente al previsto en nuestro
ordenamiento, el examen que hará la Corte en este momento se refiere
únicamente al evento de una solicitud de detención por razones de urgencia, sin
que los documentos que sustentan tal solicitud hayan sido enviados por la Corte
al Estado requerido.
De conformidad con los numerales 1 y 3, una persona puede ser detenida
provisionalmente por razones de urgencia, y permanecer detenida a la espera de
que lleguen los documentos que sustentan la solicitud de detención y de entrega.
El detenido debe ser "llevado sin demora ante la autoridad judicial competente",
en los términos del artículo 59.2 del Estatuto. Constata la Corte que los
numerales 1 y 3 del artículo 89 son imprecisos en cuanto al tiempo durante el
cual puede permanecer detenida una persona sin que se pueda examinar al menos
los tres aspectos mencionados en el artículo 59.2 del Estatuto (que la orden le es
aplicable, que la detención se llevó a cabo conforme a derecho; y que se han
respetado los derechos del detenido), con lo cual parecería establecer una regla
distinta a las disposiciones constitucionales sobre habeas corpus (artículo 30, CP).
Según lo que establece el Estatuto de Roma, cuando la Corte ya haya despachado
la orden de detención de conformidad con el artículo 58, pero no cuente con la
documentación requerida para fundamentar la solicitud para la detención y
entrega, los artículos 58.1 y 92 le permiten a la Corte Penal Internacional solicitar
al Estado la detención provisional de la persona, sujeto de la orden. Si la
información requerida no está disponible para el Estado, durante el período de
tiempo que establezcan los Estados Partes al aprobar las Reglas de
Procedimiento y Prueba (artículo 92.3 ER), entonces la persona tendrá que ser
liberada, sin perjuicio de que posteriormente se vuelva a solicitar su detención,
una vez que los documentos que fundamentan la solicitud estén disponibles
(artículo 92.4 ER).
El plazo de espera propuesto en el proyecto final de Reglas de Procedimiento y
Prueba, que será sometido a consideración de los Estados Partes en Asamblea
General, es de 60 días. Este plazo puede ser distinto al que finalmente sea