Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

condición de reciprocidad); 13 de la Constitución de Lituania del 25 de
noviembre de 1992 (prohíbe la extradición de ciudadanos, salvo que un tratado
disponga lo contrario); 36 de la Constitución de Estonia del 28 de junio de 1992
(prohíbe la extradición de nacionales salvo que sea prevista por un tratado
internacional); 26 de la Constitución de Italia del 27 de diciembre de 1947
(prohíbe la extradición de nacionales, salvo que un tratado disponga lo contrario);
33 §1 de la Constitución de Portugal del 2 de abril de 1976 (prohíbe la
extradición de nacionales). Por este tipo de prohibiciones varios Estados
modificaron sus constituciones para permitir este tipo de asistencia con la Corte.
Tal fue el caso de Alemania, que adicionó el artículo 16 de su constitución para
permitir la extradición de alemanes a Estados miembros de la Unión Europea o
para su entrega a un tribunal internacional (Gaceta Legislativa Federal 2000 I
1633), esta reforma se hizo el 29 de Noviembre de 2000 y entró en vigor el 2 de
diciembre de 2000. Igualmente, factores como la edad avanzada del acusado o la
creencia de que la persona solicitada será juzgada por razones discriminatorias
tales como su origen étnico, su raza o su religión, o por motivos políticos, son
razones por las cuales los Estados se niegan a extraditar a una persona. Ninguno
de esos motivos es admisible ante la Corte Penal Internacional, como quiera que
su jurisdicción se ejerce ratione materia, independientemente del origen nacional,
la raza o las creencias del acusado.
Como consecuencia de estas diferencias entre la extradición y la entrega, el
artículo 91.2 establece que los Estados Partes deberán tomar en cuenta el
"carácter específico de la Corte", cuando determinen sus requisitos internos para
el proceso de entrega. El Estatuto de Roma establece reglas mínimas que deberán
seguir los Estados para proceder a la entrega de una persona, pero también
dispone que los Estados podrán regular este procedimiento y establecer otros
requisitos, siempre y cuando éstos no sean más onerosos que los aplicables a las
solicitudes de extradición. Si el Estado decide no regular la materia en su
ordenamiento, en todo caso el Estatuto de Roma establece procedimientos y
requisitos suficientes para proceder al cumplimiento, de conformidad con el
principio internacional de la buena fe, de una solicitud de la Corte Penal
Internacional.
Estas disposiciones sobre cooperación establecen un procedimiento para resolver
los posibles conflictos que surjan del cumplimiento de las obligaciones del
Estatuto con otros compromisos internacionales y garantiza los derechos del
acusado, de manera similar a la prevista en el ordenamiento nacional. En efecto,
el Estatuto de Roma señala que para la detención de una persona debe existir
orden escrita de autoridad judicial competente, condiciones previstas en el
artículo 28 superior. En este evento, por virtud de la ratificación del Estatuto de