Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

entrega o de la detención provisional, tales como la protección de testigos, la
realización de inspecciones o allanamientos, la recolección de documentos y la
práctica de pruebas (literales a) a k)), así como "cualquier otro tipo de asistencia no
prohibida por la legislación del Estado requerido y destinada a facilitar la investigación y el
enjuiciamiento de crímenes de la competencia de la Corte". Sólo respecto de las formas de
asistencia enumeradas en el artículo 93, existe la posibilidad de negarse a cumplir
con una solicitud de la Corte Penal Internacional. Según el Estatuto sólo existen
dos situaciones bajo las cuales es posible negarse a cumplir con una solicitud de
asistencia.
La primera situación se presenta cuando la ayuda solicitada por la Corte Penal
Internacional se refiere a la presentación de documentos o la divulgación de
pruebas que afecten la seguridad nacional (artículos 93.4 y 72 ER). En esos
eventos, el Estatuto de Roma garantiza los intereses del Estado, quien podrá
dejar de cumplir con la totalidad de la solicitud o cumplirla sólo parcialmente.
La segunda circunstancia bajo la cual un Estado podría negarse a cumplir con una
solicitud se describe integralmente en el artículo 93, numerales 1 y 5, del Estatuto
de Roma. El artículo 93.5 estipula que cuando se trate de una solicitud respecto
de las medidas enunciadas en los literales a) - k), y la ejecución de esa medida esté
prohibida en el Estado requerido "por un principio fundamental de derecho ya
existente y de aplicación general", el Estado deberá consultar con la Corte a fin
de que encontrar una solución para brindar la asistencia, como por ejemplo,
prestándola de otra manera o sujetándola a ciertas condiciones (artículo 93.3 ER).
Cuando no sea posible modificar la solicitud, el Estado requerido podrá
rehusarse al cumplimiento de tal solicitud hasta que la Corte modifique tal
solicitud, de manera que no la prohíba un principio fundamental de derecho
interno de aplicación general.
El artículo 93.1 estipula que cualquier tipo de asistencia que no esté enumerada
en los literales (a) a (k) del artículo 93.1, no es obligatoria cuando esté prohibida
por la legislación del Estado requerido. De conformidad con el artículo 93.5
"[a]ntes de denegar una solicitud de asistencia de conformidad con el párrafo
93.1, literal l), el Estado requerido considerará si puede prestar la asistencia con
sujeción a ciertas condiciones o de otra manera, o si es posible hacerlo en una
fecha posterior. Si la Corte Penal Internacional o el Fiscal aceptan las condiciones
fijadas por el Estado para prestar su cooperación, la Corte Penal o el Fiscal
estarán obligados a respetar dichas condiciones. En estos eventos, el Estado
requerido goza de gran discrecionalidad para decidir si coopera o no con la Corte
Penal Internacional. Por consiguiente, si la asistencia requerida no está
enumerada en el artículo 93.1, literales a) a k), dicha asistencia está prohibida por