Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

Eduardo Montealegre Lynett. Finalmente, el reconocimiento por parte del
Estatuto de la vigencia en el ámbito nacional de las penas establecidas por el
derecho interno resalta su carácter complementario, no sustitutivo del derecho de
los Estados Parte.
.15.4.9.2. Cuestiones especiales
Ante la dificultad de llegar a un acuerdo específico en torno a las sanciones
penales a imponer a los responsables respecto de cada uno de los crímenes – y de
sus modalidades – de competencia de la Corte Penal Internacional, se optó por
una regulación general que establece como únicas penas principales la reclusión
hasta por 30 años o a perpetuidad (artículo 77.1 ER), así como por someter su
estimación a dos factores: la gravedad del crimen y las circunstancias personales
del condenado (artículo 78. 1 ER):
"Artículo 77 Penas aplicables
1. La Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la
persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el
artículo 5 del presente Estatuto una de las penas siguientes:
a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años; o
b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del
crimen y las circunstancias personales del condenado. (...)
Artículo 78
Imposición de la pena
1. Al imponer una pena, la Corte tendrá en cuenta, de conformidad con las
Reglas de Procedimiento y Prueba, factores tales como la gravedad del crimen y
las circunstancias personales del condenado. (...)
Las normas anteriores establecen un tratamiento diferente al previsto en nuestro
ordenamiento constitucional en dos materias. La primera tiene que ver con el
principio constitucional del artículo 29 de la Constitución en lo relativo a la
prohibición de la indeterminación de la pena. La segunda se refiere a la
prohibición constitucional de la prisión perpetua (artículo 34 CP.). Tales
tratamientos diferentes fueron autorizados por el Acto Legislativo No. 2 de 2001
y operan exclusivamente en el ámbito del ejercicio de las competencias atribuidas
por el Estatuto a la Corte Penal Internacional.