Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

En cuarto lugar, la Constitución colombiana no establece ningún criterio
específico de apreciación de la conducta por parte del juez penal, pues desde que
se respeten cabalmente la presunción de inocencia, el principio de legalidad y el
de favorabilidad, el derecho a la defensa técnica, a presentar pruebas y a
controvertir las desfavorables, a impugnar las decisiones en contra y a no ser
juzgado dos veces por el mismo hecho (artículo 29 CP), existe un margen de
configuración permitido por la Constitución para expedir la regulación que se
considere más apropiada a los fines que se persiguen.
4.9. Parte VII: De las penas
.14.4.9.1. Cuestiones generales
La Parte VII del Estatuto de Roma regula las penas a imponer a los responsables
de los delitos establecidos en el artículo 5. Esta parte consta únicamente de
cuatro artículos – penas aplicables (artículo 77), imposición de la pena (artículo
78), fondo fiduciario (artículo 79) y el estatuto, la aplicación de las penas por los
países y la legislación nacional (artículo 80). El reducido número de artículos y su
redacción en términos generales reflejan la dificultad de lograr consensos
respecto de las sanciones penales entre los diversos países que intervinieron en la
elaboración y aprobación del EstatutoKress, Claus, Las sanciones penales,
ejecución penal y cooperación en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en:
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Op. Cit. Pág. 340. Dos
tendencias contrapuestas explican el consenso de mínimos al que se arribó: por
una parte, algunos países, entre ellos algunos Estados Árabes y del Caribe,
abogaban por la inclusión de la pena de muerte para delitos de extrema gravedad;
por la otra, otros países entre ellos algunos centroamericanos y suramericanos se
oponían a la adopción de la pena de cadena perpetua teniendo en cuenta su
prohibición constitucional. La solución intermedia excluyó la pena de muerte
como sanciónEsta pena es la máxima permitida en los casos de los Tribunales
para la Ex-Yugoslavia y Rwanda. Ha sido impuesta a personas que en sus estados
hubieran sido condenados a muerte por los mismos crímenes. Ver, por ejemplo,
el caso Prosecutor v. Serushago (N. ICTR-98-39-S) sentencia de febrero 2 de
1999, Pág. 17. e incluyó la pena de prisión perpetua cuando así lo justifique la
extrema gravedad del crimen, siempre y cuando después de 25 años se revise la
sentencia por la Corte para determinar si ella debe ser reducidaEsta pena fue
permitida en los casos de los Tribunales de Nuremberg y Tokio.