Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

comportamiento estatal. Estos procedimientos se aplican igualmente cuando a
una persona se le ha pedido dar una información o prueba de conformidad con
las normas de cooperación.
Un aspecto importante es referido por esta parte del título VI del Estatuto de
Roma, pues aquí los Estados Partes no se limitaron a concebir un procedimiento
para la práctica de pruebas, sino que previeron también algunas formas de
resolución de posibles conflictos cuando en el desarrollo de un proceso puede
resultar afectada información vital para la seguridad nacional de un Estado que,
por tanto, se estima inconveniente dar a conocer. Los artículos 72 y 73 se
encargan de señalar la forma de resolver tales conflictos con el propósito doble
de mantener la integridad estatal y de garantizar la efectividad del proceso en
curso. En la clarificación de estas reglas podrá participar el Estado colombiano
cuando se haga parte del Estatuto de Roma y sea miembro de la Asamblea, de
acuerdo con los términos del artículo 112 del Estatuto.
.12.5.4.8.2.10 De los delitos contra la administración de justicia.
El Estatuto establece seis delitos contra la administración de justicia. Estos
incluyen, cuando se cometieron intencionalmente, dar falso testimonio, presentar
pruebas que se sabe son falsas o falsificadas, interferir con el testigo o con la
prueba, interferir con el funcionario de la Corte, tomar represalias contra dicho
funcionario de la Corte y solicitar o aceptar un soborno en calidad de funcionario
de la Corte (artículo 70 ER). Los procedimientos relativos a estos delitos,
sancionables con multa o con pena de reclusión, no mayor a cinco años, son
establecidos en las reglas contenidas en el párrafo 2 de la misma norma.
Aun cuando la Corte puede proceder respecto de estos delitos, puede solicitar
también a un Estado Parte que lo haga. Consecuentemente, el Estatuto obliga a
los Estados a extender sus leyes penales de acuerdo con ello. También las faltas
de conducta en la Corte, tales como perturbar una audiencia o negarse
deliberadamente a cumplir sus órdenes. se sancionan con una multa o con
medidas administrativas tales como la expulsión de la Sala (artículo 71 ER).
Nada impide que dentro del cuerpo de una regulación que intenta describir las
funciones de una Corte penal internacional se dedique uno de sus apartados a la
definición de los delitos y faltas que se pueden cometer en su contra, vulnerando,
por esta vía, tanto la imparcialidad en la que han de basarse sus decisiones como