Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

artículo 69, decidir otras cosas, como el valor probatorio de las mismas o su
pertinencia o admisibilidad cuando fueren presentadas por un Estado, aunque
esto no supone un juicio sobre la aplicación del derecho interno de dicho Estado
(artículo 58. 8 ER).
De este modo, todas las pruebas obtenidas como resultado de una violación del
Estatuto o de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas
serán inadmisibles (regla de exclusión) cuando la violación suscite serias dudas
sobre la fiabilidad de las pruebas o cuando su admisión atente "contra la
integridad del juicio o redunde en grave desmedro de él". Estas disposiciones
coinciden con los principios establecidos en la Constitución colombiana, que
también protegen la integridad del acervo probatorio y consagran la nulidad de
las pruebas obtenidas con violación del debido procesCfr. Corte Constitucional
Sentencia SU-159 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa..
De otra parte, un Estado tiene el derecho de intervenir en el proceso cuando
siente que la divulgación de información requerida por los órganos de la Corte
Penal Internacional para la información de su juicio (conforme con el Estatuto)
puede afectar su seguridad (artículo 72 ER). En estos casos, el Estado, el Fiscal la
defensa y las Salas pertinentes deben adoptar los pasos necesarios para resolver la
cuestión por medio de la cooperación con medidas tales como (i.) la
modificación de la solicitud, (ii.) la obtención de la información de una fuente
distinta o en una forma diferente, o acordando condiciones tales como
limitaciones en la divulgación, utilizando procedimientos a puerta cerrada o ex
parte, u otras medidas; (iii.) una decisión de la Corte respecto de la pertinencia de
la información o de las pruebas solicitadas, o una decisión sobre si las pruebas,
aunque pertinentes, pudieran obtenerse o se hubieran obtenido de una fuente
distinta del Estado; y (iv.) Un acuerdo sobre las condiciones en que se preste la
asistencia, que incluya, entre otras cosas, la presentación de resúmenes o
exposiciones, restricciones a la divulgación, la utilización de procedimientos a
puerta cerrada o ex parte, u otras medidas de protección permitidas con arreglo al
Estatuto o las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Si se han dado todos los pasos razonables y el Estado continua considerando que
la información o los documentos no pueden divulgarse sin perjuicio de su
seguridad nacional se notificará de este hecho a la Corte. Si la Corte encuentra
que la prueba es necesaria para establecer la culpabilidad o la inocencia del
acusado puede, como último recurso, determinar que el Estado no está
cumpliendo con sus obligaciones según el Estatuto y puede remitir la materia a la
Asamblea de Estados Partes, o si procede, al Consejo de Seguridad. La Corte
puede también hacer una inferencia apropiada en el juicio a partir de éste