Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

El Estatuto también reconoce explícitamente los derechos del acusado. Ya se
aludió a la defensa técnica cuando se abordó este mismo tema en relación con la
etapa de confirmación de los cargos. Por ello, no se volverá sobre este punto.
Los derechos básicos relativos al juicio incluyen el derecho a ser informado sin
demora del cargo por el cual se acusa a determinada persona, a tener el tiempo y
las facilidades adecuadas para preparar la defensa, a ser procesado sin dilaciones
indebidas, a interrogar, o hacer interrogar testigos, entre otros (artículo 64 ER).
En ninguna circunstancia, el acusado podrá ser obligado a declarar ni a declararse
culpable y, de quererlo así, se le permitirá guardar silencio sin que ello pueda
tenerse en cuenta a los efectos de determinar su culpabilidad o inocencia.
También se le reconoce el derecho a declarar, de palabra o por escrito, en su
defensa sin prestar juramento y a que no se invierta la carga de la prueba ni le sea
impuesta la carga de presentar contrapruebas.
Por su parte, durante la etapa del juicio, el Fiscal tiene el deber de divulgar
cualquier prueba que muestre, o tienda a mostrar la inocencia, o tienda a atenuar
la culpabilidad de acusado o afectar la credibilidad de las pruebas de cargo.
Se trata, en estos aspectos, de un proceso pleno de garantías, similares a las
previstas en nuestro ordenamiento, que está encaminado a administrar justicia
antes que a encontrar a un culpable al precio de la presión o la negación de las
garantías elementales que el derecho contemporáneo le reconoce a todos los
procesados. Sobre este particular, la intención de los Estados Partes del Estatuto
de Roma es clara: frente a los crímenes de mayor trascendencia contra la
humanidad "que desafían la imaginación y conmueven profundamente la
conciencia de la humanidad" (Preámbulo. 2), se ha escogido crear mecanismos
jurídicos de contención. Frente a la irracionalidad de los hechos y la falta de
argumentos para justificar ciertas acciones, los Estados Partes han optado por el
resquicio de racionalidad que brinda el derecho y ha creado las herramientas
jurídicas que ayuden a sancionar y prevenir este tipo de conductas.
.12.3.4.8.2.8 Del sistema de protección a las víctimas y los testigos.
La Corte tiene la obligación general de "adoptar las medidas adecuadas para
proteger la seguridad, el bienestar físico y psicológico, la dignidad y la vida
privada de las víctimas y los testigos" (artículo 68 ER) tomando en cuenta, para
ello, factores tales como la edad, el género, la salud y el tipo de delitos que son