Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

modificación de los cargos, la declaración de culpabilidad o la condena a ser
impuesta (artículo 65.5. ER).
Se constata, entonces, la existencia de un procedimiento garantista que sobre la
base de una adecuada comunicación y el continuo asesoramiento del imputado permite la
labor de la Corte Penal Internacional a través de sus diferentes órganos. Este
procedimiento coincide con el previsto en la Constitución en la medida en que
bajo el pretexto de enjuiciar y castigar a los autores de los crímenes de mayor
trascendencia para la humanidad no se permite que los derechos del imputado
sufran mengua y, así, se asegura que tal persona cuente con toda la información
necesaria para adelantar su defensa técnica, conozca con claridad las herramientas
procesales con las que cuenta para tal fin y tenga plena conciencia acerca de los
efectos de sus actos durante el juicio.
Ahora bien, las funciones de la Sala de Primera Instancia en la etapa del juicio se
concretan de la siguiente manera. En primer lugar, el magistrado presidente de la
Sala de Primera Instancia podrá impartir directivas para la substanciación del
juicio "en particular para que éste sea justo e imparcial" (artículo 64. 8. literal b)
ER). Con sujeción a las directivas que imparta el magistrado presidente, "las
partes podrán presentar pruebas" de conformidad con las disposiciones generales
contenidas en el Estatuto. En segundo lugar, es obligación de la Sala de Primera
Instancia ver que el juicio sea justo y expedito, y conducido con pleno respeto a
los derechos del acusado y con la debida protección de las víctimas y testigos.
De este modo, entre otras facultades, la Sala de Primera Instancia puede solicitar
la comparecencia y testimonio de testigos y brindar protección al acusado, los
testigos y las víctimas, y dirimir otras cuestiones pertinentes (artículo 64. 2, 3 y 4
ER). Corresponde, entonces, a la Sala de Primera Instancia, entre otras cosas, (i.)
decidir sobre la admisibilidad o pertinencia de las pruebas y (ii.) tomar las
medidas necesarias para mantener el orden en las audiencias (artículo 64. 9 ER).
Así, es sobre la base de un juicio expedito, justo e imparcial que los Estados
Partes reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y acuden a ella
como una forma de complementación de sus respectivos órdenes internos. La
implementación del Estatuto de Roma parte del mismo supuesto que se aplica en
el orden interno, para todas las actuaciones judiciales y administrativas, a saber, la
existencia de una autoridad competente que, en aplicación de normas
preexistentes al hecho que es objeto de debate judicial, observa la plenitud de
garantías comúnmente exigibles en un juicio.
.12.2.4.8.2.7 De los derechos del acusado.