Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

Preliminares emita la orden, los Estados deberán tomar las medidas cautelares
para la ejecución de la misma (artículo 57.3 ER); éstas podrán incluir la
identificación, localización, congelamiento, embargo de frutos, propiedades,
créditos e instrumentos del crimen. Finalmente, si la Sala de Cuestiones
Preliminares decide emitir una orden de comparecencia en lugar de una orden de
detención, podría requerir ciertas condiciones para estas comparecencias según la
legislación nacional (artículo 57.7 ER).
En segundo lugar, toda persona que crea estar privada de su libertad de manera
ilegal tiene derecho a exigir de cualquier autoridad, en todo momento y lugar, por
sí misma o a través de otro, la resolución de su situación jurídica en un término
no mayor a 36 horas. En el caso de los artículos 58 y 59 del Estatuto de Roma se
encuentra, precisamente, una forma de privación de la libertad (la detención)
originada en una decisión tomada por una autoridad competente y cuyo
cumplimiento por parte del Estado depende precisamente del conocimiento de
los motivos y circunstancias en las que se apoya la decisión de la Sala de
Cuestiones Preliminares de los que obligatoriamente debe conocer el sindicado.
No se trata, por lo tanto, de una detención ilegal, pues ésta es el resultado de una
determinación de la Corte Penal Internacional cuya competencia ha sido
expresamente reconocida en la Constitución (artículo 93 CP) y que, según las
disposiciones del Estatuto de Roma, respeta los derechos del sindicado, quien ha
de contar, en estos eventos, con la asesoría de un abogado y tiene a su alcance
recursos para solicitar la libertad provisional durante esta etapa del proceso
anterior a su entrega.
La detención a la que se refiere el texto del Estatuto no da lugar a la presentación
de un recurso de habeas corpus, pues la orden de la Sala de Cuestiones Preliminares
se convierte en una medida legal de detención de alguien cuyas acciones han sido
tomadas en cuenta para efectos de su entrega a la Corte Penal Internacional en
los términos y con las garantías contenidas en el Estatuto. Por ello, no se podría
aplicar a tales medidas el mismo conjunto de requisitos de orden meramente legal
exigido en procedimientos nacionales internos. En otras palabras, en esta materia
existen ámbitos propios y separados según sea la autoridad que haya ordenado
originalmente la detención. No obstante, dicha separación no es absoluta. Cabe
subrayar que la detención de personas aludida se rige por el Estatuto y también
por el derecho interno en cuanto no sea incompatible con éste, en los términos
del artículo 93 del Estatuto.
.11.3.4.7.2.8 El derecho a la defensa técnica