Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

emisión de una orden de detención provisional o la detención y entrega de
conformidad con los artículos 58, párrafo 5, y 89, 91 y 92 del Estatuto de Roma.
Adicionalmente, la Corte puede emitir una orden de comparecencia, de
conformidad con el artículo 58 párrafo 7 del Estatuto, cuando la Sala de
Cuestiones Preliminares esté convencida de que basta con una orden de
comparecencia para asegurar que la persona se haga presente en la Corte.
Los Estados deberán responder inmediatamente a todas las solicitudes de
ejecución de tales órdenes y realizar tales audiencias en su territorio (artículos 59.
1 y 89. ER). El contenido de las solicitudes de detención y entrega está detallado
en el artículo 91; éstas tendrán que incluir "la información que describa a la
persona buscada y su probable paradero, además de una copia de la orden de
detención." Además, los Estados pueden remitir otros documentos o
información requeridos por la legislación nacional, siempre que estos requisitos
no sean más engorrosos que los requisitos para una solicitud de extradición de
otro Estado (artículo 91. 2 ER).
Una vez que la persona es detenida por el Estado, éste deberá llevarla ante una
autoridad judicial competente para que se le brinde la oportunidad de solicitar
libertad provisional antes de su entrega (artículo 59. 2 y 6 ER). El Estado de
detención es el que ordena la entrega, y después de ello, la persona ha de ser
puesta a disposición de la Corte tan pronto como sea posible (artículo 59.7, ER).
Ahora bien: Cabe preguntarse si estas disposiciones establecen un tratamiento
diferente al previsto en la Constitución Nacional de los derechos de las personas
sobre las que recaen las órdenes de detención. La Corte Constitucional considera
que ello no es así.
En primer lugar, a las personas sujetas de la orden de detención impartida por la
Sala de Cuestiones Preliminares se les reconocen varios derechos, los cuales serán
observados por las autoridades estatales competentes, v.gr. la prohibición de
autoinculpación, la protección frente a intimidación, coacción o amenaza ejercida
por las autoridades, la posibilidad de ser asistido por un abogado, la información
concreta sobre la existencia de motivos para creer que ha cometido un crimen de
competencia de la Corte y, particularmente, la imposibilidad de ser sometido a
detención arbitraria y a ser privado de la libertad "salvo por los motivos previstos
en el presente estatuto y de conformidad con los procedimientos establecidos en
él" (artículo 55 ER). En algunos casos, una vez que la Sala de Cuestiones