Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

Esta disposición se refiere a la posibilidad con la que cuenta el Fiscal de emplear
los mecanismos de cooperación previstos en el Estatuto de Roma (Parte IX del
Estatuto) para pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares la adopción de
determinadas medidas de investigación en el territorio de un Estado Parte sin
haber obtenido la cooperación de éste con arreglo a las reglas en la referida Parte
IX del Estatuto. Uno de los principios sobre los que se estructura la jurisdicción
reconocida por los Estados Partes en el Estatuto de Roma está expresado en la
obligación general de cooperar. Esto quiere decir que los Estados firmantes del
Tratado, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto, "cooperarán
plenamente con la Corte en relación con la investigación y los enjuiciamiento de
los crímenes de su competencia" (artículo 86 ER); circunstancias para las cuales,
como se apreciará con mayor detenimiento en otro apartado de esta providencia,
supone, o bien el seguimiento de un procedimiento formal en el cual la Corte
presenta una solicitud ante un Estado Parte (artículo 87. numerales 1, 2, 3 y 4,
ER), o ante otro Estado que no haga parte del Estatuto "sobre la base de un
arreglo especial, un acuerdo con ese Estado o cualquier otra manera adecuada"
(artículo 87.5 ER). La atribución reconocida al Fiscal para adoptar determinadas
medidas de investigación en el territorio de un Estado Parte también puede
llevarse a cabo, siempre que no se haya obtenido la cooperación de éste con
arreglo a la parte IX, en razón de una autorización expresa dada por la Sala de
Cuestiones Preliminares al Fiscal (artículo 57.3 literal b), ER).
Un régimen de cooperación establecido en estos términos es fundamental para el
diseño y funcionamiento de la Corte Penal Internacional. El papel que desarrolla
el Fiscal al llevar a cabo parte de su investigación en el territorio de un Estado,
con la necesaria aquiescencia del mismo, es central para crear un sistema que
garantice la real administración de justicia en la que confían las víctimas de los
crímenes de competencia de la Corte –en clara extensión del artículo 229 CP– y
la comunidad internacional en general –Preámbulo del Estatuto de Roma– y hace
parte de un conjunto de instrumentos que, al mismo tiempo que garantizan la
capacidad de castigar atrocidades, respetan las prerrogativas de cada Estado,
incluyendo su competencia para procesar a los responsables de los crímenes que
delimitan materialmente el ámbito de acción de la Corte Penal InternacionalCfr.,
entre otros textos, Broomhall, Bruce. La Corte Penal Internacional, en La Corte
Penal Internacional: texto integrado de Estatuto de Roma. Editorial Leyer,
Bogotá, 2001. .