Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

hayan comparecido en virtud de una orden de comparecencia (artículo 57. 3.
ER).
Con el propósito de garantizar el cumplimiento de estas funciones por parte de la
Sala, el Estatuto señala en el párrafo 2 del artículo 57 dos clases de decisiones
diferentes a tomar. La primera clase (artículo 57. 2. literal a) ER) debe ser tomada
por la mayoría de los magistrados y comprende las decisiones más generales, tales
como el cambio de competencia, la confirmación de cargos y la autorización de
investigaciones en un territorio de un Estado determinado. En todos los demás
eventos, las decisiones pueden ser tomadas por un solo magistrado de la Sala.
Nuevamente, lo que está en juego aquí es la consagración del principio de
razonabilidad, pues el Fiscal no funciona como un pieza suelta de la Corte que
sólo se enfrenta al juez al momento de presentar formalmente una acusación.
Durante la investigación, el Fiscal debe convencer a la Sala de Cuestiones
Preliminares, por ejemplo, de que hay motivos fundados para creer que
determinada persona ha cometido un crimen de competencia de la Corte Penal
Internacional; que la investigación hace necesaria la cooperación de un
determinado Estado, efecto para el cual se debe autorizar la adopción de
determinadas medidas en el territorio de un Estado Parte con arreglo a lo
dispuesto en la Parte IX del Estatuto, o que ciertos procedimientos deben
seguirse para evitar la obstrucción de la investigación o del proceso o para
asegurar, eventualmente, la presencia del sindicado en el mismo.
Las normas del Estatuto de Roma que propugnan la existencia de un
procedimiento razonado y que crean mecanismos de contrapeso a las
atribuciones que ejercen diferentes órganos de la Corte Penal Internacional se
enmarcan dentro de los principios básicos de un Estado de Derecho, con los
cuales se garantiza la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución (artículo 2 CP), y el respeto del debido proceso
aplicable a toda clase de actuaciones judiciales (artículo 29 CP).
.10.5.4.7.1.10 De las determinaciones previas a la fase de juzgamiento y de la confirmación de
los cargos.