Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

Cuando se trate de una persona respecto de la cual se crea que fue autora de un
crimen de competencia de la Corte se le tendrá que informar los motivos para
creer que ha cometido dicho crimen y se le permitirá guardar silencio, recibir el
asesoramiento de una abogado de su elección y ser indagado sólo en presencia de
este (artículo 55. 1, literal c) y 55.2 ER).
Con estos señalamientos los Estados Partes del Estatuto de Roma no hacen nada
distinto a reconocer los derechos básicos en los que se sustenta el debido proceso
dentro de la etapa de investigación, fruto no sólo de un consenso a nivel
internacional en la materia, sino del desarrollo ponderado que en el escenario del
constitucionalismo contemporáneo se ha dado a estas garantías. En el caso
colombiano, a través del desarrollo e interpretación del artículo 29 Superior, se ha
reafirmado que el derecho al debido proceso hace referencia a un conjunto
complejo de circunstancias señaladas por la Constitución y la leConcretamente ha
dicho la Corte: "El derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 29 de la
Carta Política, comprende una serie de garantías con las cuales se busca sujetar a
reglas mínimas sustantivas y procedimentales, el desarrollo de las actuaciones
adelantadas por las autoridades en el ámbito judicial o administrativo, con el fin
de proteger los derechos e intereses de las personas vinculadas, pues es claro que
el debido proceso constituye un límite material al posible ejercicio abusivo de las
autoridades estatales", sentencia T-416 de 1998 M.P. Alejandro Martínez
Caballero. En esta oportunidad la Corte confirma los fallos de instancia que
negaron la tutela del derecho al debido proceso pues consideró que no le asistía
razón al actor al demandar los autos proferidos por jueces de la República dentro
del proceso civil que le negó la petición de nombramiento como curador de un
demente. Para la Corte, la actuación de los jueces demandados no constituyó vía
de hecho. que "protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso"Corte
Constitucional Sentencia T-475 de 1998 M.P. Hernando Herrera Vergara. En
este proceso se solicita se declare la nulidad de la resolución de acusación
proferida por el Fiscal 233 Delegado ante los Jueces Penales del Circuito de esta
ciudad, dentro de un proceso penal adelantado contra el peticionario, por la
presunta comisión del delito de estafa. En opinión del actor, dicha decisión se
sustentó en una prueba adquirida con violación al debido proceso por falta de
competencia del investigador para valorar una prueba civil (asunto donde
presuntamente se cometió el hecho ilícito), constituyéndose dicha decisión en
una vía de hecho. La Corte, luego de la revisión de los hechos y pruebas del caso
decidió negar la tutela, pues no encontró motivo alguno de reproche en la
actuación del demandado.