Sentencia C-578/02 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE ...

pruebas específicas que se incorporan al proceso debidamentDebe recordarse
que en estos eventos, la Corte Penal Internacional ha establecido una regla de
exclusión de pruebas indebidamente obtenidas a la que luego se referirá
puntualmente. –que siempre tendrá que ser conocidas por todos los sujetos
procesales- sino el contenido detallado de la información que dio noticia de su
existencia.
En todo caso, como ya se ha advertido, la jurisdicción que ejerce la Corte Penal
Internacional es complementaria a la jurisdicción penal de cada uno de los
Estados Partes del Estatuto. Tal situación, además de imponer una serie de
restricciones materiales que se relacionan con el reconocimiento de la
competencia de cada EstadoEl párrafo 6 del Preámbulo del Estatuto de Roma
señala que "es deber del Estado ejercer su jurisdicción penal contra los
responsables de crímenes internacionales". supone también la existencia de
mecanismos de cooperación que, en eventos concretos, permitan a la Corte Penal
Internacional desarrollar su actividad y, así, en materia de investigación concertar
las disposiciones o acuerdos compatibles con el Estatuto que sean necesarios
para facilitar la cooperación de un Estado, una organización intragubernamental
o una persona (artículo 54. 3 literal d) ER); convenir que no divulgará en ninguna
etapa del procedimiento los documentos o la información que obtenga a
condición de preservar su carácter confidencial y únicamente a efectos de
obtener nuevas pruebas (artículo 54. 3 literal e) ER); y adoptar o pedir que se
adopten las medidas necesarias para asegurar el carácter confidencial de la
información, la protección de una persona o la preservación de las pruebas
(artículo 54. 3 literal f) ER).
Si una de las consideraciones sobre las que se sustenta la expedición del Estatuto
que consagra la Corte Penal Internacional es, precisamente, luchar contra la
impunidad ligada a los crímenes cometidos en contra de la humanidad durante el
último siglo, y si tal compromiso está amparado en el respeto que genere en la
comunidad internacional dicha Corte y en su vocación de permanencia, es
necesario que existan los mecanismos jurídicos y logísticos que permitan la labor
del Fiscal en consuno con las autoridad locales de un Estado determinado. En el
caso colombiano la estructuración de este sistema de colaboración y
complementación concuerda con las responsabilidades que se le encomiendan a
todas las autoridades para que sirvan a la comunidad (artículo 1 CP) y convierten
la administración de justicia en un servicio público permanente e independiente